- Jóvenes del Liceo de San José de Upala fueron intoxicaciones con agroquímicos.
- Finqueros deben suspender toda actividad de fumigación.
Redacción– El ministerio de Salud emitió una orden sanitaria contra los propietarios de una finca utilizada para plantaciones de arroz.
Lo anterior debido a las intoxicaciones por agroquímicos sufridas por 19 estudiantes del Liceo de San José de Upala, este 23 de agosto.
La Dirección Regional de la Rectoría de la Salud Chorotega recibió el reporte de la Dirección Regional del ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) sobre un incidente que ingresó al 911 por intoxicación de 19 estudiantes del centro educativo.
Los colegiales presentaban síntomas como dolor de cabeza y nauseas, lo que debieron ser traslados por el personal de la Cruz Roja al centro hospitalario para su valoración.
Al momento de la inspección en el sitio, las autoridades detectaron un drone en ruta de vuelo fumigando el cultivo.
Así mismo, al verificar el lugar en donde se encontraban los productos utilizados, los cuales eran; Kasumin 2 – bactericida fungicida, Keyplex 350 DP, Manver zinc 9.6., Manver potasio y Bayfolan- abono foliar.
Por esta razón, la Dirección Regional de la Rectoría de la Salud Chorotega, procedió a girar una orden sanitaria en la cual se indica:
«Suspender toda actividad de fumigación, con cualquier tipo de agroquímico, en las fincas con sembradío de arroz ubicadas en San José de Upala.
Lo anterior hasta tanto se cuente con el respectivo visto bueno para el desarrollo de dicha actividad en el inmueble, debidamente otorgado por las autoridades competentes del ministerio de Agricultura y Ganadería.
En caso de comprobarse el incumplimiento de la presente orden sanitaria, la autoridad de salud procederá con el decomiso de todo tipo de herramienta, producto químico, equipo y vehículos utilizados en la actividad de fumigación.
Además, procederán a presentar una denuncia penal y elaborarse el respectivo informe sanitario de cobro de multa por ¢462.200 colones netos, equivalentes a un salario base.
Asimismo, de incumplir con lo ordenado se procederá a transferir el caso al Ministerio Público por desobediencia de la autoridad, en concordancia con el artículo 314 del Código Penal, el cual indica que:
_“…Se impondrá prisión de seis meses a tres años, a quien no cumpla o no haga cumplir, en todos sus extremos, la orden impartida por un órgano jurisdiccional o por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, siempre que se haya comunicado personalmente, salvo si se trata de la propia detención…”_
