Foto: Roberto Carlos Sánchez

 

  • La Fiscalía agregó que esta fase es privada, por lo que no es posible brindar más información.
Redacción: La Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pidió cuentas a la Gerencia Financiera por la asignación de ₡200 mil millones para así abordar las listas de espera de la institución.
La solicitud de cuentas por parte de la Auditoría Interna de la CCSS se da luego de que la jerarca de la institución, Marta Esquivel, anunciara la nueva “Ruta de la Salud”, en la cual se pretende invertir ₡200.000 millones para así disminuir los tiempos de espera en la seguridad social.
Así esta inscrito en el oficio AI-2305-2023, del 14 de noviembre, enviado por el auditor interno de la CCSS, Olger Sánchez, a la gerenta financiera a.i. de la institución, Gabriela Artavia.
En dicho oficio, la Auditoría Interna solicitó a Artavia las actas de las sesiones donde se analizó el tema de referencia por parte del Comité de Inversiones del Seguro de Salud.
Ante el caso, el ente auditor pidió los oficios relacionados en los que se visualice el periodo definido para la asignación de los recursos financieros, y los riesgos identificados para el financiamiento de este programa o proyecto.
La Auditoría también solicitó a esa misma dependencia el análisis financiero respecto del impacto de la asignación de los ₡200 mil millones para el abordaje y atención de la hoja de ruta para las listas de espera en la ejecución de los proyectos incluidos en el portafolio de inversiones.
La “Ruta” contempla contratar más especialistas de Radiología y Anestesiología, y asumir el proceso de ingreso a la formación de especialistas, el cual estaba en manos de las universidades. A estas medidas se suma traer especialistas de países como México, Colombia o Brasil.
La propuesta incluye también mecanismos como el copago, en el cual el usuario asume una parte del costo de los servicios de salud que se contrate a un centro privado; sin embargo, se  encuentra en proceso de definición si se le reconocerá un 50% o 60% a los pacientes.
La Fiscalía agregó que esta fase es privada, por lo que no es posible brindar más información, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal.