- Las víctimas eran obligadas a trabajar sin remuneración y comida
Redacción- Este miércoles, durante tres allanamientos realizados en la provincia de Limón, la Policía Profesional de Migración detuvo a dos personas por los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas con fines de explotación laboral.
Esta investigación inició a raíz de denuncias presentadas ante la PPM, que se realizó en conjunto con el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de los Estados Unidos (DSS), permitiendo la identificación de una organización criminal conformada por dos ciudadanos costarricenses apellidos Blake Doyley, líder, y Barley Anderson, quienes se encargaban de reclutar, realizar los falsos contratos de trabajo, solicitudes de visa americana y recepción de pagos para el traslado de las personas.
¿Cómo operaba esta organización?
Una vez aprobada la visa americana, los detenidos gestionaban el traslado de las personas a Estados Unidos para trabajar en una empresa petrolera.
No obstante, al llegar al destino, eran recibidas por un contacto de las personas detenidas, quien los trasladaba hasta distintos hoteles en los Estados Unidos, lugar donde se convertían en víctimas del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, obligándolas a trabajar por horas excesivas, sin remuneración económica y sin la alimentación respectiva durante varios días.
El reclutamiento de las personas se daba a través de redes sociales, donde la organización criminal compartía las ofertas de trabajo, y al hacer el contacto con el interesado, se iniciaba el proceso de ofrecimiento de beneficios para ganarse su confianza, así como el proceso traslado y solicitud de la visa americana.
Asimismo, el propio interesado compartía la información con allegados, haciendo que la
organización tuviera mayor cantidad de personas captadas.
A través de la coordinación con las autoridades estadounidenses se logró el retorno al país de tres costarricenses víctimas de trata de personas, y mediante las diligencias policiales a raíz de estas detenciones se pretende identificar a más personas para proceder con su proceso de retorno.
Las personas detenidas quedan bajo las órdenes del Ministerio Público, y se exponen a una pena de seis a diez años de prisión, cuando a consecuencia del tráfico ilícito de migrantes.
