Redacción: El Supremo de Estados Unidos escuchó este martes los argumentos orales en un caso que devolvió al alto tribunal el asunto del aborto casi dos años después de que sus magistrados derogaran medio siglo de la protección federal que fijó la histórica sentencia Roe contra Wade (1973).
Discutían si restringir o no el uso de la mifepristona, la píldora más usada en combinación con otra llamada misoprostol para practicar interrupciones del embarazo. Tras 100 minutos de debate y de preguntas sobre las razones de ambas partes, los nueve jueces parecieron inclinarse por mantener el nivel actual de acceso al fármaco en Estados Unidos. La sentencia no se conocerá hasta el final del curso judicial, en junio.
Hasta que esa fecha llegue, solo es posible interpretar las actitudes de los magistrados durante la vista de este martes.
Y de esa lectura cabe concluir que una mayoría ―tal vez todos ellos menos los dos más a la derecha, Samuel Alito y Clarence Thomas― entiende que los querellantes, una asociación de médicos cristianos antiabortistas creada ex profeso para lanzar esta cruzada judicial, no han demostrado cumplir un requerimiento que exige la ley: haber sufrido un daño suficiente en el asunto que se discute para estar autorizados a demandar.
El Supremo estadounidense está formado por cinco hombres y cuatro mujeres. Tres magistradas se identifican como liberales y seis como conservadores, tres de los cuales nombró el expresidente Donald Trump con el encargo expreso de cambiar las reglas sobre el aborto en Estados Unidos.
Uno de los nombramientos del expresidente, Neil Gorsuch, alertó de algo que considera una tendencia preocupante: el aumento de asuntos llevados ante ese tribunal por un grupo de individuos con aspiraciones de convertir sus “pequeñas demandas” en “cambios de hondo calado” y alcance “universal”. “Este caso es un excelente ejemplo de eso”, consideró.
El objetivo inicial de los demandantes era prohibir el acceso total a la píldora abortiva, que, según los últimos datos del Instituto Guttmacher, concursa junto al misoprostol en el 63% de las interrupciones del embarazo se llevan a cabo en Estados Unidos, una cifra que ha crecido tras la derogación de la sentencia que tumbó Roe. El primer fármaco detiene la producción de progesterona e interrumpe la gestación; el segundo provoca contracciones en la paciente y provoca la expulsión del feto. La FDA, que aprobó su uso hace más de 20 años, calcula que la han usado más de cinco millones de mujeres desde entonces.
