Redacción – La Defensoría de los Habitantes considera importante que el país fortalezca el programa de transporte para estudiantes que administra el Ministerio de Educación Pública (MEP) a través de un adecuado financiamiento del Estado que permita no solo atender a la población beneficiaria actual sino también a la demanda insatisfecha.
La Defensoría de los Habitantes realizó un estudio sobre la gestión y financiamiento del servicio de transporte estudiantil de la Dirección de Programas de Equidad del MEP y sus consecuencias en la realización efectiva del derecho humano a la educación de personas menores de edad y de personas con discapacidad en el año 2023. Esa Dirección está compuesta actualmente por 52 funcionarios/as.
Este programa facilita el traslado de estudiantes matriculados en distintos niveles del sistema educativo público hacia los centros educativos mediante la contratación de servicios de transporte o a través del otorgamiento de subsidios. Los estudiantes beneficiados deben cumplir requisitos relacionados con su condición económica y la distancia a la que se encuentra del centro educativo más cercano.
“En el estudio se destacaron varias barreras operativas que afectan la gestión del programa de Transporte Estudiantil, a saber, limitaciones presupuestarias, restricciones de recursos humanos y la necesidad de gestionar una cantidad considerable de trámites y presupuesto con un personal insuficiente. En cuanto a presupuesto en el año 2022 se asignó un presupuesto de 44.279,01 millones de colones, mientras que para el 2023 se redujo un 29.34%, pasando a 31.286, 22 millones de colones. Según el MEP, durante el 2023 la disminución mayor se da en el apartado de rutas subsidiadas y afectó la capacidad para integrar a nuevos beneficiarios. Se estima que 4.198 estudiantes, categorizados como nuevos ingresos en rutas nuevas por excepción, emergencias o en rutas regulares, se vieron imposibilitados de ser atendidos debido al déficit presupuestario existente en ese año”, explica la Defensoría en un comunicado.
Además, se identificaron otros procedimientos asociados a las rutas ya existentes, tales como los ajustes técnicos que comprenden la expansión de recorridos, la consolidación o separación de rutas, entre otros. Con el presupuesto 2024 se estima que se mantenga la continuidad del servicio y garantizar la atención de los 167.618 estudiantes inscritos en el programa.
La viabilidad financiera del programa de Transporte estudiantil está fuertemente condicionada por el presupuesto asignado y aprobado a nivel nacional. A pesar que el artículo 78 de la Constitución Política establece un monto del 8% del PIB a la educación, en el 2023 apenas alcanzó el 5,35%.
