Redacción – Un nuevo contundente golpe por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a la delincuencia organizada, ya que esta mañana se realizó 47 allanamientos en Alajuela, Heredia, Cartago, San José y Puntarenas.
dentro de los detenidos figuran dos espales, quienes al parecer son las cabecillas del grupo, así como un juez y tres funcionarios judiciales, así como cinco Policías de Tránsito y un funcionario del Consejo de Transporte Público.
Dichos allanamientos se realizan por parte de Unidad Especializada de Crimen Organizado, ya que tras una investigación iniciada hace más de dos años, se dio con un grupo dedicado al Fraude Registral.
Este grupo trabajaba bajo dos modalidades, como la obtención de propiedades que están con algún tipo desuso, se la roban registralmente y luego las vendían.
Además, a partir del momento en que se desafiliaban todas las personas jurídicas por producto de una ley de hace algunos años, estas personas lo que hacían eran falsamente establecer un liquidador de estas sociedades y con base en eso trataban de vender las propiedades.
De momento se han decomisado 38 vehículos, 3 buses de la línea Tambor-Alajuela, Barrio San José de Alajuela y Caldera-Puntarenas.
Dentro de la estructura se “encuentran 5 componentes, los cabecillas que se dedican a buscar los negocios ilícitos, pero también hay un equipo de otarios que se están deteniendo, así como un grupo que se dedican a las criptomonedas”.
En declaraciones de Randall Zúñiga, director del OIJ, en un solo día este grupo giró $13 millones en criptomonedas, aparte de un componente de buses, por lo que se detuvieron a cinco policías de transito y a un funcionario del Consejo de Transporte Público, ya que en apariencia creaban partes falsos a líneas de buses “rivales” para poder adueñarse de las concesiones.
Por su parte, se detuvieron a cuatro funcionarios judiciales, entre ellos un juez quien trabaja en el juzgado de Desamparados y realizaba asesoría al grupo criminal y también facilitaba sus empresas tipo Outlet para legitimación de capitales.
También dentro de los funcionarios judiciales figura la detención de un técnico de archivo criminal, una técnica judicial del Juzgado de La Unión y otro técnico por realizar consultas del caso en cuestión.
Hasta el momento, según indica el OIJ se han logrado detener a 36 personas, en una investigación que inició hace más de 2 años.
