Por la Agencia France-Presse
Redacción – Las autoridades iraníes condenaron este jueves a muerte a una activista laboral acusada de tener vínculos con una organización kurda ilegalizada, dijeron grupos de derechos humanos.
Sharifeh Mohammadi, arrestado inicialmente en diciembre en Rasht, Irán, fue declarado culpable del delito capital de rebelión y sentenciado a muerte, dijeron la agencia de noticias Hengaw, con sede en Noruega, y la agencia de noticias Human Rights Activists, con sede en Estados Unidos.
Se la acusa de ser miembro del partido separatista kurdo Komala, prohibido en Irán. Hengaw afirmó que sufrió «tortura física y mental» por parte de agentes de inteligencia mientras estuvo detenida.
Un tribunal revolucionario de Rasht, la principal ciudad de la provincia de Gilan en el Mar Caspio, la declaró culpable y la condenó a muerte tras una audiencia, dijeron los grupos.
Una fuente cercana a su familia dijo que Mohammadi era miembro de una organización laboral local y que «no tenía nada que ver con Komala».
El Centro Abdorrahman Boroumand, un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos centrado en Irán, dijo que la sentencia de muerte estaba vinculada a «su participación en un sindicato independiente».
«Esta decisión extrema pone de relieve la dura represión que sufre la disidencia en Irán, en particular contra los activistas laborales en medio de la crisis económica», añadió.
Una campaña creada para apoyar su caso escribió en sus cuentas de redes sociales que el fallo era «absurdo e infundado» y tenía como objetivo crear «miedo e intimidación» entre los activistas de la provincia de Gilan.
Gilan fue un importante centro de protestas que estallaron en 2022 tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una mujer kurda arrestada por presuntamente violar las normas de vestimenta para mujeres.
Los activistas de derechos humanos han acusado a las autoridades iraníes de utilizar la pena de muerte como herramienta para intimidar a toda la población en respuesta a las protestas.
El grupo no gubernamental Iran Human Rights dijo que al menos 249 personas, incluidas 10 mujeres, fueron ejecutadas en Irán en los primeros seis meses de 2024.
Advirtió del riesgo de un «fuerte aumento» de las ejecuciones después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Irán el viernes, que enfrentarán al ultraconservador Saeed Jalili contra el reformista Masoud Pezeshkian.
