Por La Voz de América (VOA)
Los arrestos de menores de edad, la represión de manifestaciones y la expulsión de periodistas de Venezuela inquietan a defensores de derechos humanos. La represión acarrea responsabilidades del Estado e individuos ante la Corte Penal Internacional.
Múltiples desapariciones forzosas de venezolanos y expulsiones de extranjeros han ocurrido en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas, en el marco de la crisis electoral en Venezuela, de acuerdo con ONG y gremios de la prensa.
Yendri Omar Velásquez, director del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+, fue detenido por 6 horas en Maiquetía cuando intentaba abordar un avión camino a Ginebra para participar en una reunión sobre discriminación de las Naciones Unidas, según denuncias de su padre y defensores de los derechos humanos en el país sudamericano.
El domingo, se supo de otro caso similar. Edni López, trabajadora humanitaria, politóloga y profesora de la Universidad Central, también fue retenida por fuerzas de seguridad en Maiquetía y se desconocía su paradero, hasta el mediodía de este lunes. La docente intentaba volar por vacaciones.
Extraoficialmente, se reportó la tarde del lunes que se le detuvo y se le trasladó a una división de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas. Se desconocían los cargos en su contra.
De acuerdo con Provea y otras organizaciones no gubernamentales, Velásquez y López se suman a una lista de cientos de víctimas de la persecución del Estado venezolano contra la sociedad civil, en un contexto de denuncias de fraude y manifestaciones de calle contra la proclamación del presidente Nicolás Maduro como ganador de la elección, hace 8 días.
El gobierno venezolano no se ha referido directamente a las acusaciones de violaciones de derechos humanos, pero ha denunciado que está en marcha un presunto golpe de Estado «fascista» marcado por la violencia y restricciones informativas.
El fiscal general Tarek William Saab ha asegurado que hay manifestantes pagados por la oposición para generar violencia y ha desacreditado las denuncias de organismos internacionales sobre posibles violaciones de derechos en el país.
Periodistas expulsados, arrestos de menores y más
Al menos 14 periodistas y miembros de sus medios fueron deportados de Venezuela entre el 25 de julio y el 2 de agosto, según denunció en su cuenta de X el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
La mayoría de los periodistas fueron inadmitidos en Maiquetía y devueltos a su país de origen. Otros fueron detenidos por fuerzas de seguridad, incluso en sus hoteles y puntos de control policiales y militares, para trasladarlos al aeropuerto y expulsarlos, según sus testimonios, reportajes de prensa y reportes de los gobiernos de sus naciones.
Ha habido al menos 1.010 arrestos y 11 muertes por “represión política” durante la crisis postelectoral en Venezuela, según los informes frecuentes de Foro Penal, una asociación civil de abogados que asisten jurídicamente a personas detenidas arbitrariamente.
La ONG ha notado un «patrón de actuación» por parte del gobierno y sus instituciones policiales y militares, comenta a la Voz de América González Himiob, su vicepresidente.
«Es una política de Estado dirigida a la restricción de los derechos de una población civil particular, identificada con aquellos que el gobierno señala de ser opositores al régimen de Maduro», asegura el abogado, especialista en ciencias penales y criminológicas.
Decenas de ONG han registrado detenciones arbitrarias, censuras contra periodistas y sus medios, restricciones a la libertad de expresión, arrestos de menores de edad, impedimentos a aprehendidos a su defensa privada o de abogados probono, así como el uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones pacíficas, entre otras violaciones de derechos.
El Foro Cívico, una plataforma de organizaciones civiles de diversos sectores en Venezuela, como la salud, la educación, la política y la economía, denunció este lunes «la suspensión de hecho de garantías constitucionales», que «se ha manifestado a través de muertes, «innumerables» detenciones arbitrarias; amenazas, persecución y la acción de la fuerza pública», concentrándose en los «más vulnerables».
Casos preocupantes
Todos los casos «son preocupantes”, pero algunos resaltan, advierte Himiob. Por ejemplo, Foro Penal supo de las detenciones y presentación ante tribunales de un muchacho de 17 años que está dentro del espectro autista, en Miranda, y de un hombre de 27 años, quien es sordo, no sabe leer ni escribir y no puede comunicarse con lenguaje de señas.
«¿Cómo se hizo para presentarse a estas personas ante tribunales si no estaban acompañadas de especialistas que les ayudaran a entender qué estaba pasando y les ayudaran a manejar su situación concreta? Son casos muy delicados», apunta.
Ligia Bolívar, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y defensora de la materia por más de 40 años en Venezuela, califica de «cacería» las retenciones de personas en el aeropuerto de Maiquetía.
«Están deteniendo a gente en el aeropuerto, les anulan el pasaporte y se genera un efecto inhibitorio”, donde la gente «lo piensa dos veces» antes de volar desde o hacia ciudades como Caracas, explica a la VOA Bolívar, coordinadora del equipo de análisis Alerta Venezuela Derechos Humanos.
La experta en derechos fundamentales advierte sobre «la precalificación masiva» de delitos graves por parte del Ministerio Público, como terrorismo, y la presentación mediante videoconferencias y con defensa pública de detenidos ante tribunales de esa competencia, en Caracas.
Kennedy Tejeda, uno de los abogados de Foro Penal en Carabobo, a 175 kilómetros de Caracas, fue acusado el domingo ante tribunales con competencia en terrorismo, confirmó su organización. Se encontraba en «desaparición forzosa» después de acudir al poblado de Montalbán para conocer el estado de varios manifestantes detenidos, se indicó.
También se han reportado detenciones de civiles en puntos de control de fuerzas de seguridad después de que agentes revisan mensajes y redes sociales en sus teléfonos celulares. Otra preocupación entre defensores de derechos humanos es la delación.
El presidente Maduro llamó a las bases del chavismo a denunciar a quienes «hayan agredido al pueblo» a través de una opción habilitada por su gobierno en la aplicación oficial VenApp.
De manera confidencial, los simpatizantes del oficialismo pueden ingresar datos personales de quienes consideran «delincuentes» o «fascistas”. «Iremos por ellos», prometió Maduro.
Expertos independientes y activistas de derechos humanos consideran que esa práctica es inconstitucional, criminaliza a la disidencia e institucionaliza la delación política.
Himiob, por su parte, cree que las actuaciones de autoridades y agentes de seguridad podrían conducir eventualmente a declarar las responsabilidades del Estado e individuales en graves violaciones a los derechos humanos ante la Corte Penal Internacional (CPI).
La fiscalía de la CPI, a cargo del británico Karim Khan, abrió en noviembre de 2021 una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El gobierno de Maduro y el fiscal Saab han denunciado su presunta politización.
