Por: La Voz de América (VOA)
- Seis trabajadores de la información fueron arrestados en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio, en un contexto de represión creciente que ha sido denunciado por diversos gobiernos. En la última semana, se documentaron al menos siete casos de violaciones a la libertad de expresión.
Redacción – Una periodista, hija de dos dirigentes opositores que habrían salido del país debido al «acoso político», fue arrestada este martes por presuntos agentes de inteligencia cerca de su residencia en Venezuela, según denunciaron activistas.
Ana Guaita Barreto, periodista del portal independiente y crítico del gobierno, La Patilla, fue detenida por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en las inmediaciones de su hogar en Maiquetía, estado La Guaira, informó Tamara Suju, defensora de derechos humanos y directora del Casla Institute.
«Un carro blanco, de los que ellos usan para seguir, se la llevó cuando estaba frente a su casa. Se desconoce su paradero», relató Suju en su cuenta en X.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) confirmó que la familia de Guaita informó que la detención ocurrió alrededor de las 6:00 p.m., hora local, de este martes. «No es un delito ser periodista, no es un delito ser hija de dirigentes de oposición, no es un delito pensar distinto», expresó el SNTP.
Marino Alvarado, defensor de derechos fundamentales, sugirió que la detención de Guaita podría ser un intento de presionar a sus padres, Xiomara Barreto y Carlos Guaita, para que se entreguen.
«Se están cometiendo prácticas similares a las de la dictadura de Videla en Argentina y la dictadura de Pinochet en Chile, donde, al no encontrar a una persona, se llevaban a un familiar», comentó Alvarado en una entrevista con el periodista Vladimir Villegas.
Al menos seis periodistas han sido arrestados tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Entre ellos se encuentran Yousner Alvarado, reportero gráfico en Barinas; Paúl León, camarógrafo de VPI en Trujillo; Deisy Peña, reportera gráfica en Miranda; y José Gregorio Carnero, periodista en Guárico. Todos han sido acusados de delitos de terrorismo, y se les ha negado la posibilidad de nombrar una defensa privada, según denuncias del SNTP.
Tras la proclamación de Maduro como ganador de las elecciones, se desataron protestas contra los resultados, que dejaron 25 muertos y más de 2,000 detenidos.
La oposición, respaldada por copias de las actas que conservan sus testigos, sostiene que el verdadero ganador de las elecciones fue Edmundo González Urrutia.
Desde el 28 de julio, la organización Espacio Público ha documentado 122 casos de violaciones a los derechos humanos, que incluyen detenciones arbitrarias, ataques, hostigamiento físico y verbal, bloqueos digitales y la criminalización del discurso crítico en redes sociales.
Entre el 14 y el 20 de agosto, se han registrado al menos siete incidentes relacionados con violaciones a la libertad de expresión.
Además, Espacio Público ha confirmado que al menos 100 trabajadores del canal estatal Venezolana de Televisión fueron despedidos tras haber compartido en sus estados de WhatsApp contenido contrario al gobierno o expresiones de descontento en el contexto postelectoral.
Bloqueo de X
La red social X (antes Twitter) lleva 13 días bloqueada en Venezuela. El gobierno anunció que la plataforma, propiedad de Elon Musk, a quien Maduro ha acusado de incitar al «fascismo» y con quien ha intercambiado ataques verbales, sería retirada de «circulación» durante un periodo de 10 días.
Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación e Información de Venezuela, señaló que, al igual que en otros países, la empresa debe cumplir con una serie de requisitos y aceptar las leyes venezolanas.
«Aquí existe una ley contra el odio; no se puede promover el odio. En Inglaterra, compartir un mensaje de odio ya es un delito. Todavía estamos esperando que se responsabilicen», afirmó en una entrevista con La Iguana, un medio digital alineado con el oficialismo.
Tras las elecciones, el gobierno venezolano ha intensificado sus críticas hacia las redes sociales, destacando sus efectos perjudiciales sobre la sociedad. Ñáñez subrayó la necesidad de «legislar» en materia de redes sociales y aseguró que Venezuela puede “vivir sin X”.
Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de mayoría oficialista, calificó las redes sociales como «el mayor peligro para la libertad y la paz en el planeta».
Maduro, argumentando que la plataforma está siendo utilizada para «amenazar» al país y su institucionalidad, instó a sus simpatizantes a eliminar la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, que es utilizada por el 93% de las personas con acceso a internet en el país, según ciberactivistas.
Diversas organizaciones han denunciado que en Venezuela se ha implementado una política pública para «silenciar y perseguir las voces y contenidos críticos». Según el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), entre 2004 y 2024, 405 medios de comunicación, incluyendo radios, periódicos y televisoras, han sido cerrados en el país.
Espacio Público reporta que al menos 297 emisoras de radio, uno de los medios más importantes en Venezuela debido a su alcance, han sido cerradas desde 2003. Además, más de 60 páginas web, principalmente informativas, han sido bloqueadas, según Ve Sin Filtro, con un aumento en los bloqueos digitales desde el inicio de la campaña electoral el pasado 4 de julio.
