Redacción- Este jueves 8 de agosto, el gobierno de Nicaragua anunció la expulsión de siete sacerdotes hacia el Vaticano.
Según la oposición, estos sacerdotes habían sido detenidos la semana pasada en una reciente ola de arrestos contra miembros de la Iglesia católica.
Los sacerdotes formaban parte de un grupo de 13 religiosos que fueron detenidos o puestos bajo arresto domiciliario por la Policía nicaragüense hace una semana en Matagalpa, en el norte del país, según el Colectivo Nicaragua Nunca Más.
La esposa del presidente, Daniel Ortega, Rosario Murillo, confirmó a través de un mensaje la expulsión:
“Ayer miércoles 7 de agosto salieron de Nicaragua hacia Roma siete sacerdotes nicaragüenses, que han llegado bien y han sido recibidos por la Santa Sede”.
Los sacerdotes «desterrados al Vaticano» son Edgar Sacasa, Ulises Vega, Marlon Velázquez, Víctor Godoy, Harvin Torres, Jairo Pravia y Silvio Romero, según informes del portal digital El Confidencial.
No ha habido reportes sobre el estado de los demás sacerdotes detenidos, ni por parte del gobierno ni de la oposición.
Ortega y Murillo sostienen que la Iglesia respaldó las protestas de 2018 contra el gobierno, las cuales, según la ONU, dejaron más de 300 muertos.
Murillo ha calificado a los religiosos como «hijos del demonio» y «agentes del mal» que practican el «terrorismo espiritual».
Según el Colectivo, tras las detenciones, varias parroquias han sido asediadas y al menos 12 sacerdotes han sido detenidos arbitrariamente, algunos de ellos con paradero desconocido y en situación de desaparición forzada.
Sin embargo, el gobierno de Ortega no se ha referido a las detenciones ni ha calificado la salida de los siete sacerdotes de Nicaragua como una expulsión.
Hace una semana, un grupo de expertos de las Naciones Unidas acusó al gobierno de Nicaragua de llevar a cabo ataques sistemáticos contra la Iglesia católica y otras confesiones cristianas desde las protestas de 2018.
Según el informe, entre abril de 2018 y marzo de 2024 se registraron al menos 73 casos de detenciones arbitrarias de miembros de estas confesiones, aunque la cifra real podría ser mayor.
En enero, el gobierno de Ortega liberó a dos obispos católicos, incluyendo a Rolando Álvarez, y a otros religiosos, enviándolos a Roma.
