Redacción – El Gobierno de Costa Rica ha dado un paso significativo hacia la justicia social con la firma de una nueva ley que reconoce y compensa a los extrabajadores portuarios de Limón, quienes han esperado más de 23 años por una resolución. Esta ley, resultado de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno y los exmuelleros, finalmente salda una deuda histórica con estos trabajadores, cesados de sus empleos a finales del siglo pasado sin recibir la compensación económica que les correspondía.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, suscribió la Ley No. 10525, que adiciona un artículo a la ley 7955, permitiendo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) gestionar los pagos que les son debidos a estos trabajadores. La firma de esta ley es el resultado de un proceso de diálogo social iniciado en junio de 2023, donde representantes del Bloque Cívico del Cantón Central de Limón y miembros del Gobierno, incluyendo jerarcas de Hacienda, Presidencia y Trabajo, se reunieron en 16 sesiones para alcanzar un consenso.
La ley faculta al MTSS para levantar una lista de los beneficiarios, quienes podrán solicitar la compensación en un plazo de tres meses, a partir de la convocatoria que será publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Los pagos incluirán la compensación original, ajustada por indexación e intereses, y se financiarán con el presupuesto nacional, en coordinación con el Ministerio de Hacienda.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Andrés Romero, subrayó la importancia de este logro: “Cumplimos nuestra promesa a las personas extrabajadoras de los muelles de Limón, cumplimos a sus familias y al pueblo limonense”. Romero enfatizó que el proceso de diálogo social fue clave para alcanzar un acuerdo justo y que la firma de esta ley representa un momento de celebración para toda la provincia de Limón.
La Ley No. 10525 no solo resuelve una deuda pendiente, sino que también destaca la importancia de los pagos para el desarrollo económico y social de Limón, estableciendo que el cumplimiento de estas obligaciones es de interés público. Con esta acción, el Gobierno reafirma su compromiso con la justicia y el bienestar de todos los costarricenses, especialmente aquellos que han sido históricamente marginados.
