Minor Araya Salguero
Criminólogo – Exjefe OIJ – Especialista SWAT
¿Estamos los costarricenses siendo administrados por un nacoestado? Sí, ese neologismo de tinte económico y político, últimamente en boca de algunos en Costa Rica.
¿Será que, hasta ese semejante nivel de corrupción, ineptitud y hasta atrocidad, han llevado a la que una vez propios y extraños llamamos La Suiza Centroamericana?
Sin duda alguna, nuestro país también experimenta una especie de «revolcón político», además, claro está, de una inundación de drogas, traficantes y adictos.
En fin, demos un vistazo a lo que, para algunos que fueron, y otros que son importantes actores de la sociedad costarricense, representa el término «narcoestado».
Iniciemos con nuestro presidente, Don Rodrigo Chaves Robles, quien el 30 de abril pasado, ante la pregunta de Telediario: «¿Está Costa Rica entrando en un narcoestado?», Chaves, según este medio, aseguró que «es falso que Costa Rica esté ingresando a un narcoestado», debido a que «un narcoestado es otra cosa; un narcoestado es donde, por ejemplo, el Gobierno no llega, donde la policía custodiaba los cargamentos y los ayudaba a montarlos en contenedores. Eso es un narcoestado».
Marzo 26, 2024. «Narcoestado», según el medio laregion.cr, para el exministro de Seguridad Pública, Álvaro Ramos Rechnitz, es: «En este momento, Costa Rica es un narcoestado, ¿por qué? Porque estamos en plena producción de la exportación de cocaína, estamos con el sicariato al tope; es el mes más violento de la historia, la acumulación de homicidios más grande de toda la historia del país. Vamos a sobrepasar este año 2024 al año 2023 y encima de eso, hemos tenido ataques constantes a funcionarios judiciales, a la policía judicial puesta al servicio de la patria, y ahora los jueces de la república, y pronto será todo el estamento judicial y las personas decentes del país las que sufran la amenaza y la extorsión del narcotráfico.»
En febrero de 2024, la diputada Gloria Navas Montero afirma a La República que: “La cantidad de muertos que tiene Costa Rica por acción del narco, la cantidad de droga que se decomisan y lo que está pasando en Ecuador nos pone a pensar. ¿Qué es lo que pretendemos, dejar a Costa Rica en manos de los delincuentes, que hagamos un narcoestado? (…) El país necesita respuestas y, cuando llega un momento en que la población ya no siente la respuesta de los gobernantes, tendremos que hacer protestas”.
El 18 de septiembre, AmeliaRueda.com titula: «Estamos viviendo en un narcoestado», afirma el exfiscal general, refiriéndose a las declaraciones que el señor Francisco Dallanesse Ruiz hiciera a ese medio: «Entonces ya no es el tema de que se maten entre ellos porque no nos pasa nada; es que sí nos pasa, ¿verdad? Y esto nos conduce a un narcoestado.»
El 14 de octubre de 2024, para elmundo.cr, la diputada Sofía Guillén Pérez afirma que: «Vivimos en un narcoestado, ¿qué significa eso? Que hay jerarquías tomando decisiones cuyo resultado de facto, lo hagan o no a conciencia, es despejarle la ruta al narco; es hacerle la vida más fácil al narco”.
No, en ningún momento el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zuñiga López, ha afirmado que Costa Rica sea o se dirija hacia eso que hoy traemos a colación: «narcoestado». De hecho, tampoco lo define el 5 de marzo pasado; CRhoy cita: «La diferencia de caer en un narcoestado es la diferencia que pueda generar el OIJ, con su personal competente y capacitado…».
Desde mi perspectiva, Don Randall es uno de los directores que el OIJ ha tenido, muy apasionado por el estudio en general y de la cosa policial, en especial. En otras palabras, este hombre no se resbala tan fácilmente en temas tan delicados y trascendentales, como todo lo que puede encerrar esa palabra: «narcoestado».
¿A quién le creemos? pensarán algunos que con toda razón, eso de «narcoestado» bien enredado lo tienen. ¿Qué es, quién lo define realmente y se atreve a etiquetar a un país soberano como tal? Bien, como dicen: «a ver de a cómo nos toca…».
La palabra «narcoestado» es inexistente en el Diccionario de la Real Academia Española, donde «narcopolítica» es el término a considerar: «Actividad política en que las instituciones del Estado están muy influidas por el narcotráfico.»
No obstante, al parecer el término fue utilizado por primera vez en 1980—se desconoce quién o quiénes lo hicieron—fecha en la cual el general boliviano Luis García Meza, a través de la fuerza y la violencia típica de un golpe de estado, se hace del poder en Bolivia.
Al parecer, García Meza fue financiado por traficantes de cocaína e incluso apoyado por mercenarios europeos reclutados por el «Carnicero de Lyon», el alemán Klaus Barbie. En efecto, acá se presume que las máximas autoridades del Estado estuvieron al servicio del narcotráfico.
«Narcoestado», definitivamente un término para algunos ambiguo, claro, dependiendo de la perspectiva o gusto político desde el cual entrar en valoración de qué o a cuál Estado se le puede apodar como tal. ¡Desde ya, mucho cuidado!
En la década de los 70 y 80, por ejemplo, Pablo Emilio Escobar Gaviria estaba a la cabeza del sangriento Cartel de Medellín, en donde, según el Doctor Michael Kenny: «Escobar logró tomar el control de la mayoría de las fuerzas policiales en Medellín y áreas circundantes mediante sobornos y coerción, lo que le permitió expandir su negocio de tráfico de drogas.»
Evidentemente, no eran todas las instituciones del Estado colombiano las que estaban bajo la influencia del poder del narcotráfico. Aún así, hay quienes, únicamente por aquella circunstancia, le han llamado a Colombia «narcoestado».
¿Estaría bien encajado el encasillamiento al gran país suramericano?
«A pesar de que se ha utilizado repetidamente en diferentes contextos, el término ‘narcoestado’ nunca ha sido definido ni explicado satisfactoriamente. De hecho, casi siempre se da por sentada su existencia.» – Pierre Arnaud Chouvy
No obstante lo anterior, como veremos, es el año 2008 el que realmente parece marcar un antes y un después en cuanto al acuñamiento del hoy, políticamente muy trillado concepto.
El 9 de marzo de 2008, The Guardian titulaba: «Cómo un pequeño país de África Occidental se convirtió en el primer narcoestado del mundo».
Y es que, a partir de tanta atención mediática hacia aquel, un país africano—el quinto más pobre del mundo para 2008—que calificaban como «Estado fallido» y uno que se había convertido en el blanco de los carteles de la droga colombianos, el término «narcoestado» llegaría para quedarse.
Los «capos de la droga» colocaron sus sucias manos en Guinea-Bissau, país al que habrían convertido en un «centro de tránsito para el tráfico de cocaína desde América Latina hacia Europa.»
Pero, ¿qué o quién etiquetó a Guinea-Bissau como narcoestado?
En su informe «Perspectives, Guinea-Bissau: nuevo centro del tráfico de cocaína», mayo 2008, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC, por sus siglas en inglés), en efecto, por primera vez coquetea con el etiquetamiento de Guinea-Bissau como un narcoestado; sin embargo, pareciera que no le alcanza para realmente definir el término: «El surgimiento de África occidental como centro para el tráfico de cocaína desde América del Sur hacia Europa es una tendencia inquietante que la UNODC ha estado siguiendo de cerca. La Oficina ha advertido que el tráfico ilegal de drogas en la región está amenazando la estabilidad y el desarrollo. Guinea-Bissau, uno de los países más afectados, corre el riesgo de convertirse en un ‘narcoestado’.»
¿Se enteraron por qué hice especial mención de la palabra «coquetea»? Efectivamente, como que la UNODC quería, pero no aterrizó…
El informe, además de hacer notar que el pequeño país tiene un paupérrimo sistema de justicia penal en donde la Policía debe trasladar a sus detenidos en medios de transporte público del tipo taxi, también hace resaltar la razón principal por la que Guinea-Bissau, para el 2008, estaba repleta de narcotraficantes.
Según la UNODC, países como Guinea-Bissau están fuera del radar de la mayoría de la gente. Son pobres, débiles y, sin embargo, no tan inestables como para atraer la atención internacional. «Esto los convierte en una tapadera perfecta para los grupos criminales».
Que, debido a lo anterior, «en los últimos años, la cantidad de cocaína que se mueve desde Sudamérica a través de África occidental hacia Europa ha aumentado dramáticamente. En algunos casos, el valor de la cocaína traficada a través del país puede ser mayor que el ingreso nacional total.»
¿Será que para la Organización de Naciones Unidas (ONU) el contenido de los dos últimos párrafos describe lo que para este organismo internacional es «narcoestado»? Si así es, tal vez nos queda debiendo. ¿O no?
Explica Paul Rexton Kan (profesor de Estudios de Seguridad Nacional y ex catedrático de Estudios Militares en la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.) en su libro Drug Trafficking and International Security (2016) que los narcoestados se pueden dividir en cinco categorías.
Una clasificación con base en el nivel de dependencia que el Estado en cuestión tenga para con el comercio de narcóticos y la amenaza que el narcotráfico en dicho país representa para la estabilidad nacional e internacional.
- Incipiente
- En desarrollo
- Serio
- Crítico
- Avanzado
Estas son las cinco categorías de un «narcoestado», ¿según quién? Yo diría que, probablemente, de un distinguido estudioso norteamericano involucrado en asuntos militares de su gobierno. ¿Es esto suficiente para que un Estado califique a otro de «narcoestado»?
El doctor Rexton incluso fundamenta su clasificación en otros autores, no sin antes advertir que «el complejo panorama de un narcoestado, y el creciente número de ellos, ha incluido una variedad de intentos de definirlo con mayor precisión».
Resalta que, según David Brown (The Challenge of Drug Trafficking), un narcoestado es «una nación que ha sido tomada y está controlada y corrompida por los cárteles de la droga y donde la aplicación de la ley es ineficaz, relativamente inexistente».
Y, citando a Letizia Paoli, Irina Rabkov, Victoria Greenfield y Peter Reuter (Tajikistan: The Rise of a Narco-State, Journal of Drug Issues), Paul Rexton reitera que otros estudiosos han dado más especificidad a la definición, al argumentar que un narcoestado existe cuando:
«Los líderes de los grupos traficantes más poderosos ocupan puestos gubernamentales de alto rango y hacen mal uso de las estructuras estatales para sus propios negocios ilícitos».
A pesar de todo el encomiable esfuerzo de los estudiosos por afincar una definición aceptable de «narcoestado», persiste un vacío; uno que quizá se fundamenta en la falta de objetividad, por cuanto:
¿Cuál funcionario o Estado tiene poder y derecho para hacer que otros Estados soberanos etiqueten a un Estado en particular como «narcoestado»? ¿Acaso cualquiera de los cinco países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede arrogarse ese poder?
Yo diría que, ninguno. ¿Usted?
Definitivamente, es bajo estos términos que la ONU debería jugar un papel preponderante y con esto evitar algún tipo de injusticia con tan nefasto etiquetamiento.
No por nada, el doctor Pierre Arnaud Chouvy (Centro Nacional Francés de Investigaciones Científicas), al justificar su artículo «El mito del narcoestado» (2015), vehementemente afirma que:
«A pesar de que se ha utilizado repetidamente en diferentes contextos, el término ‘narcoestado’ nunca ha sido definido ni explicado satisfactoriamente. De hecho, casi siempre se da por sentada su existencia.
En este artículo se argumentará, a partir de una revisión de las definiciones existentes y de estudios de casos seleccionados, que no existe tal cosa como un narcoestado y que el uso del término tiende a simplificar excesivamente, o incluso a enmascarar, las complejas realidades sociopolíticas y económicas de los países productores de drogas».
No es de extrañar, por lo visto, que la palabra «narcoestado» sea inexistente en la Declaración Presidencial sobre la Delincuencia Organizada Transnacional; una posición que adopta el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 7 de diciembre de 2023, en la cual se «insta a los Estados a intensificar la cooperación, las leyes y las fronteras para combatirla».
Entonces, ¿qué autoridad nacional o, bien, internacional ha clasificado a Costa Rica como un narcoestado? Ninguna, ¿cierto?
Considero que el concepto «narcoestado» es o puede ser perfectamente manipulado —de similar manera que el término «terrorismo»— desde el criterio político, y lo político, ya saben ustedes que es lo que a veces suele esconder: manipulación y falsedad al servicio de intereses ocultos.
Hasta que la ONU, como organismo internacional plenamente reconocido por 193 Estados miembros, incluyendo a Costa Rica, no solo aterrice y defina correctamente a derecho lo que puede ser un «narcoestado», y se arrogue incluso el derecho de clasificar o etiquetar a un Estado como tal, lo demás puede considerarse como información interesante y de peculiar referencia.
Retomo y resalto las palabras de don Randall Zuñiga: «La diferencia de caer en un narcoestado es la diferencia que pueda generar el OIJ, con su personal competente y capacitado». ¿Por qué dijo lo que muy claro dijo don Randall?
Porque, por tradición, por norma ética y obligación, nuestra Policía Judicial, propiamente su gestión y adoctrinamiento, es apolítica.
El OIJ, desde su creación, ha seguido una línea científica, técnico-profesional, un concepto de trabajo apegado a la objetividad de las ciencias penales, criminológicas y médicas; por ende, distanciada de la siempre inestable y sinuosa influencia política.
Al día de hoy, nuestro Organismo de Investigación Judicial es, a nivel internacional, una institución científica que goza de un alto nivel de respeto por su dedicación imparcial en la búsqueda de resolución legítima de los casos criminales que afectan el país.
Así, mientras el OIJ exista y persista en servir a Costa Rica —tal cual lo ha hecho desde su fundación en 1973— sus ciudadanos deben tener la más firme convicción de que el apodo «narcoestado» para Tiquicia será de muy difícil endilgar.
Nuestra Policía Judicial, con su acervo estrictamente apegado a las leyes que rigen nuestro país, sin lugar a duda alguna, de contar con la prueba idónea y suficiente, destrozaría sin contemplación cualquier intento que pretenda hacer de Costa Rica un Estado del y para el narcotráfico.
A esta altura de la lectura, de seguro usted ya tiene más claro eso —el concepto «narcoestado»— que, depende si hace frío o calor, le pueden encajar a un Estado, porque, hasta Países Bajos, un Estado del «Jardín de Borrell» en Europa, tiene gravísimos problemas con el narcotráfico.
Aunque usted no lo crea, a inicios de 1996, según The New York Times, «en el Parlamento francés se ha denunciado a los Países Bajos como un ‘narcoestado'».
Pero, ¿quién ha introducido a Países Bajos en el no muy exclusivo «saco de narcoestados» (Nigeria, Ghana, Colombia, México, Honduras, Guinea-Bissau, Afganistán, Albania, Belice, Brasil, Bolivia, Líbano, Irán, Corea del Norte, Birmania, Panamá, Nicaragua, Siria, Surinam y Venezuela)?
Maclean’s Magazine, en su artículo publicado el 17 de marzo de 2003, explicaba que:
«Un narcoestado» fue la descripción hiperbólica de los Países Bajos que ofreció un legislador francés, culpando del creciente problema de las drogas en su país al bajo precio y la fácil disponibilidad de heroína y pastillas en las ciudades holandesas». ¡Un legislador francés!
En efecto, este etiquetamiento a muchos ha costado digerir, incluso a la misma narrativa de la amiga Wikipedia, que intenta justificar una especie de ¿qué, acaso de incomprensión? Dice:
«Desde entonces, se ha preguntado muchas veces si los Países Bajos son realmente un narcoestado, y la respuesta depende en gran medida de qué características se le atribuyen a un narcoestado». ¡Increíble manipulación!
Pareciera que hay Estados que pretenden adueñarse del monopolio del etiquetamiento. Se percibe que puede ser más sencillo encasillar como «narcoestado» a aquellos países de «tercer mundo» con problemas de narcotráfico.
No se debe perder la perspectiva de que el concepto aquí bajo cuestión —»narcoestado»— es uno de exclusivo tinte político y económico; en donde, irrefutablemente, siempre priva eso llamado «los intereses de algunos».
Definitivamente, la política es un mal necesario. Algunos de sus practicantes, al no conocer la vergüenza, aprovechan cualquier cosa, cualquier situación, para manipular en beneficio, sabrá Dios de qué o de quién.
A pesar de todo y debido a ese aparente vacío conceptual aquí resaltado, si cualquier costarricense se antoja y afirma que Costa Rica es un narcoestado, fundamentando su posición —solo por citar un ejemplo— en lo siguiente:
«En el 2023 se contabilizan 906 homicidios dolosos. Esta cifra equivale a una tasa de 17,2 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. En total, se registraron 250 víctimas de homicidio más en comparación con 2022. En promedio, 3 personas perdieron la vida por un homicidio cada día durante el 2023 en Costa Rica.» – Infosegura.org
Es que, a pesar de que yo no tendría duda alguna sobre lo equivocado que aquel ciudadano estaría, ¿cómo afirmar que tal compatriota está equivocado?
¿Acaso debería fundamentar mi crítica a esa persona en lo que dicta como «narcoestado» un legislador francés, quizá alemán o danés? O bien, en lo que pueda esgrimir una institución o agencia antidrogas de otro país?
Dicho lo anterior, considero que el vacío que rodea al concepto «narcoestado» no solo es muy desafortunado, también es altamente injusto y peligroso para cualquier nación que se considere soberana.
¿Debería nuestra Policía Judicial, en mancuerna con el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad Pública de nuestro país, afincar lo que debe ser «narcoestado» a efecto de enmarcar planteamientos estratégicos de Seguridad Ciudadana y con esto, de Seguridad Nacional?
Un artículo de opinión dedicado, muy especialmente, a la Sección Anticorrupción del OIJ; uno de los brazos fuertes e inteligentes de nuestra Policía Judicial en donde la honestidad, la mística, el valor y el talento a diario se mezclan y actúan, protegiendo a Costa Rica.
