Redacción – La Defensoría de los Habitantes ha iniciado un proceso de seguimiento a las acciones emprendidas por el Estado para atender la emergencia provocada por las intensas lluvias que afectaron, con mayor fuerza, a las provincias de Guanacaste, Puntarenas y la Zona Sur del país. A través de diversas inspecciones y reuniones con actores locales, la Defensoría busca asegurar que las acciones interinstitucionales sean eficaces y que las necesidades de las personas afectadas sean adecuadamente cubiertas.
Las autoridades de la Defensoría visitaron varias comunidades impactadas por la emergencia, como Carrillo y Santa Cruz en Guanacaste, y Chacarita en Puntarenas, y establecieron comunicación con líderes territoriales de comunidades indígenas, así como con organizaciones que integran la Mesa Interinstitucional de Gestión de Riesgo. Además, se realizaron visitas a albergues, donde la población afectada ha sido reubicada temporalmente, y se sostuvieron reuniones con alcaldes y representantes del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), así como con ingenieros locales que trabajan en la reconstrucción de la infraestructura vial.
Uno de los principales reclamos de las personas albergadas fue el manejo de los criterios de desalojo ordenados por las autoridades locales. En el caso del albergue de Filadelfia, en Carrillo, más de 200 familias fueron desalojadas entre el 19 y el 20 de noviembre, a pesar de que sus viviendas no estaban en condiciones de ser habitadas o se encontraban en zonas de alto riesgo. Este desalojo masivo generó malestar entre los afectados, quienes cuestionaron la falta de condiciones para su retorno a los hogares.
En varios de los albergues, especialmente aquellos destinados a personas adultas mayores, se reportó la falta de insumos básicos. En el albergue de La Guinea, en Carrillo, se destacó la insuficiencia de pañales, productos alimenticios adecuados (como sopas, atoles, jugos y alimentos para dietas blandas), y otros insumos médicos. Además, la representación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) en la región Pacífico Central alertó sobre la escasez de productos de apoyo necesarios para las personas con discapacidad, como sillas de ruedas y otros dispositivos de asistencia.
La situación también puso en evidencia las deficiencias en la presencia de algunas instituciones clave en los cantones más afectados. En lugares como Carrillo, algunas entidades como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) no tienen oficinas en los cantones más vulnerables, lo que dificulta su participación efectiva en los comités municipales de emergencias.
La emergencia también expuso la falta de planificación territorial y el problema de los asentamientos en zonas de alto riesgo, particularmente en áreas cercanas a ríos y laderas. En cantones como Santa Cruz, donde la emergencia fue particularmente grave, se destacó la ausencia de planes reguladores cantonales que puedan garantizar un ordenamiento territorial adecuado. Esta situación ha incrementado la vulnerabilidad de las comunidades afectadas.
En cuanto a la infraestructura vial, la Defensoría subrayó la insuficiencia de recursos destinados a la conservación y mejora de la red vial nacional. La Defensoría destacó que los recursos del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) no han sido suficientes para prevenir los daños en carreteras que, como ocurrió en Santa Cruz, dificultaron el acceso a zonas afectadas y la asistencia a las comunidades.
Recomendaciones de la Defensoría:
La Defensoría ha emitido una serie de recomendaciones para mejorar la respuesta ante futuras emergencias. Entre ellas se incluye exhortar al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) a participar activamente en la atención de personas adultas mayores en albergues, asegurando la provisión de productos específicos para este grupo poblacional. Asimismo, se solicitó a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) que defina criterios claros para el desalojo de personas de los albergues y garantice una comunicación efectiva con la población afectada.
También se recomendó a la CNE revisar y fortalecer los protocolos de atención en los albergues, para garantizar que todos los centros tengan los recursos necesarios para atender las necesidades especiales de las personas con discapacidad, así como proporcionar información veraz y oportuna a los afectados. Además, se instó a la CNE a aclarar el procedimiento para la habilitación de centros educativos como albergues temporales y la distribución de alimentos a las familias afectadas por la emergencia.
La Defensoría concluyó que es urgente trabajar en la implementación de planes de ordenamiento territorial a nivel cantonal, especialmente en las zonas más vulnerables, para reducir los riesgos en futuras emergencias.
