Redacción- El Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Limón) emitió una resolución que anula una circular del Ministerio de Justicia y Paz, la cual había prohibido la comercialización de ciertos productos en las pulperías de los centros penitenciarios de la provincia, sin restringir su ingreso.
Según el Poder Judicial, la decisión se ajusta a criterios constitucionales y legales, ya que consideró que la prohibición carecía de un fundamento técnico adecuado y generaba desigualdades entre los internos.
El juez responsable resolvió un incidente de queja presentado por internos privados de libertad, concluyendo que las restricciones impuestas no tenían base técnica y, al mismo tiempo, violaban los derechos humanos de los reclusos. Se argumentó que, al prohibir la comercialización de productos sin prohibir su ingreso al penal, se podía generar un comercio ilegal entre los internos. Aquellos con acceso a visitas o encomiendas podrían obtener productos de higiene, medicamentos y otros artículos que no representan un riesgo para la salud o la convivencia, lo que daría lugar a desigualdad entre los reclusos.
La resolución del juzgado destacó que las restricciones contravienen los principios de proporcionalidad e igualdad ante la ley, ya que no toman en cuenta las particularidades de cada centro penitenciario ni las condiciones del entorno, como los climas extremos. Además, se enfatizó que las restricciones afectan la posibilidad de los internos de llevar una estancia digna dentro del penal.
Entre los productos prohibidos por la circular se encuentran artículos de higiene personal, medicamentos de venta libre y hasta hielo, los cuales son necesarios para el bienestar de los internos. Sin embargo, el juez argumentó que estas restricciones resultan desproporcionadas al no haber prohibido el ingreso de estos productos, lo que genera un desajuste en las condiciones de los internos, sobre todo aquellos que no tienen acceso a visitas o encomiendas.
La decisión del juez fue tomada luego de una audiencia con el Ministerio Público, que no presentó objeciones al fallo. La Inspección Judicial, por su parte, no ha recibido quejas contra la actuación del juzgador hasta el momento.
El Poder Judicial también expresó su preocupación por el retiro del Proyecto de Ley No. 24019, que había sido remitido a la Asamblea Legislativa. Este proyecto proponía la creación de un marco legal para regular el cumplimiento de las penas y asegurar que las decisiones judiciales y administrativas se basen en un marco normativo claro, evitando la interpretación a través de circulares. Con el retiro de la propuesta, las acciones en los centros penitenciarios se mantienen sujetas a decisiones interpretativas y circulares, lo que, según el Poder Judicial, pone en riesgo la transparencia y la equidad en las decisiones relacionadas con el sistema penitenciario.
El Ministerio de Justicia y Paz y el Poder Judicial continúan evaluando posibles reformas para mejorar la administración penitenciaria, asegurando que los derechos de los internos sean respetados, pero también garantizando la seguridad y el orden dentro de los centros penales del país.
