- Factor económico fue el determinante de la decisión
Redacción – A falta de pocos meses para el inicio de la campaña electoral de las elecciones del 2026, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha decidido no implementar la Papeleta Única Electrónica (PUE) en las elecciones, citando razones económicas como principal obstáculo.
La decisión, tomada durante la sesión ordinaria n.° 116-2024, se produce pese al éxito del plan piloto realizado en las elecciones municipales de 2024, donde esta tecnología demostró múltiples beneficios.
Un informe técnico presentado por el TSE destacó las ventajas observadas durante el plan piloto:
Menor tiempo de identificación y votación: Las juntas receptoras con PUE operaron con mayor rapidez que aquellas que usaron papeletas tradicionales.
Transmisión de resultados más eficiente: Los datos procesados en las juntas con PUE fueron transmitidos con mayor rapidez y precisión.
Mayor participación: Las juntas que utilizaron PUE registraron un incremento en la participación ciudadana.
Alta aceptación del público: La mayoría de los votantes calificaron la PUE como fácil de usar, confiable y preferible frente al método tradicional.
A pesar de estos resultados, el informe técnico determinó que el costo estimado de $3.500 por máquina para cubrir el 25% de las juntas receptoras de votos hace inviable su implementación en el actual contexto presupuestario.
Además, el TSE consideró que la complejidad logística de las elecciones nacionales es menor que la de los procesos municipales, donde la diversidad de papeletas y el volumen de información justifican el uso de tecnologías avanzadas como la PUE. Para las elecciones de 2026, se prevén únicamente ocho diseños de papeletas, lo que permite reducir costos mediante impresión Offset.
El TSE, comprometido con la transparencia y seguridad del proceso electoral, aseguró que continuará explorando tecnologías que optimicen la impresión de papeletas, el conteo de votos y la transmisión de resultados.
Sin embargo, la implementación de la PUE quedará suspendida hasta que surjan alternativas más accesibles.
Esta decisión subraya la importancia de equilibrar innovación tecnológica con sostenibilidad económica, garantizando procesos democráticos confiables y eficientes.
