Foto: CCSS
  • Presidenta ejecutiva de la CCSS, Laura Ávila Bolaños, afirmó que esta decisión busca garantizar la continuidad y calidad de los servicios de salud

Redacción – La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) declaró un estado de emergencia institucional debido a la renuncia masiva de médicos especialistas que perciben salarios por debajo del global definitivo establecido.

La medida, que entró en vigor este 3 de diciembre de 2024, se extenderá inicialmente hasta el 3 de junio de 2025, con posibilidad de prórroga según la evolución de la crisis.

La presidenta ejecutiva de la CCSS, Laura Ávila Bolaños, afirmó que esta decisión busca garantizar la continuidad y calidad de los servicios de salud.

“Queremos decirle a la población que estamos plenamente comprometidos y ocupándonos de esta situación. Nuestro enfoque sigue siendo priorizar al usuario como el centro de todas nuestras decisiones”, aseguró Ávila.

Razones detrás de la emergencia

La situación se agravó tras la renuncia de 84 médicos especialistas, quienes abandonaron sus puestos al no percibir el salario global definitivo que rige para la institución. Según informes de la Gerencia Médica y el Centro de Atención de Emergencias y Desastres (CAED), esta escasez plantea riesgos severos para la salud de los pacientes y la operatividad de los servicios hospitalarios en todo el país.

Ante este panorama, la Junta Directiva también acordó solicitar al Ministerio de Salud una declaratoria de emergencia nacional, fundamentada en los lineamientos para garantizar la continuidad de los servicios sanitarios.

La gerencia Administrativa, en conjunto con el CAED, deberá presentar el próximo jueves 5 de diciembre de 2024 un plan detallado con las medidas que se implementarán para mitigar el impacto de la crisis. Estas líneas de acción se centrarán en asegurar la atención oportuna y efectiva de los usuarios del sistema.

La CCSS enfrenta uno de los desafíos más críticos en los últimos años, donde la escasez de médicos especialistas amenaza con desbordar la capacidad del sistema de seguridad social. Este estado de emergencia no solo busca solucionar la problemática salarial, sino también prevenir que la situación afecte de manera irreparable el derecho a la salud de la población asegurada.

Las autoridades esperan que este llamado de alerta permita coordinar esfuerzos a nivel institucional y nacional, priorizando la atención médica como un derecho fundamental.

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