- Principales sospechosos son un médico psiquiatra, un médico emergenciólogo y un asistente administrativo del hospital
Redacción – La mañana de este miércoles, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en conjunto con la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción realizaron siete allanamientos en Puntarenas y San José, como parte de una investigación sobre una presunta red dedicada a la venta de incapacidades.
Los hechos investigados involucran a funcionarios del Hospital Monseñor Sanabria, señalados por los delitos de Influencia contra la Hacienda Pública, Tráfico de Influencias y Concusión.
Según el informe preliminar, los principales sospechosos son un médico psiquiatra, un médico emergenciólogo y un asistente administrativo del hospital, quienes habrían operado bajo tres modalidades:
Redirección desde consultorios privados: Pacientes acudían al consultorio privado del psiquiatra en El Roble de Puntarenas, donde su esposa, también señalada, gestionaba las referencias médicas. Posteriormente, los pacientes eran valorados en Emergencias del Hospital Monseñor Sanabria, donde el médico emergenciólogo emitía referencias para psiquiatría. Estas eran utilizadas por el psiquiatra para justificar incapacidades, muchas veces para personas fuera del Área de Salud Pacífico Central.
Referencias sin registro médico: Usuarios del sistema acudían directamente al área de Emergencias del hospital para buscar al médico emergenciólogo, quien emitía referencias sin fecha ni registro adecuado. Esto permitía que los pacientes evitaran los procedimientos habituales.
Manipulación de listas de espera: Pacientes llegaban directamente al Departamento de Psiquiatría, donde el asistente administrativo manipulaba las asignaciones para que fueran atendidos por el psiquiatra sospechoso, sin respetar los turnos establecidos.
La investigación reveló que los involucrados cobraban ₡150,000 por una incapacidad de un mes y ofrecían descuentos para periodos mayores, cobrando aproximadamente ₡400,000 por incapacidades superiores a tres meses.
Se detectaron irregularidades en incapacidades presentadas por al menos 18 funcionarios del Ministerio de Educación Pública, además de empleados del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Seguridad Pública y el Patronato Nacional de la Infancia.
Las autoridades realizaron allanamientos en las residencias de los sospechosos en San Miguel de Barranca y El Roble, así como en el consultorio privado del psiquiatra y las oficinas del hospital. Además, se intervino el Departamento de Tecnología de la Información de la Caja Costarricense del Seguro Social para recabar evidencia.
Este caso refleja un esquema organizado que no solo afecta las finanzas públicas, sino también la credibilidad de los servicios de salud en Costa Rica.
