Redacción- El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, rechazó la invitación del presidente Rodrigo Chaves a debatir.
Así lo hizo saber Aguirre en una carta dirigida al presidente de la República en la que reafirma su compromiso con la democracia y el diálogo, al tiempo que subraya los límites de su participación en asuntos que trascienden su competencia constitucional.
Según el documento, el Poder Judicial, por su naturaleza técnica y jurisdiccional, debe evitar involucrarse en deliberaciones políticas o mediáticas para garantizar su imparcialidad, la confianza ciudadana y la integridad de su función constitucional.
La misiva, además, señala que los procesos judiciales requieren confidencialidad y rigurosidad técnica, condiciones que no pueden ser sustituidas por la dinámica de los debates mediáticos, donde predominan la simplificación y el espectáculo sobre el análisis profundo y la legalidad. En este sentido, el Poder Judicial insta a evitar situaciones que puedan interpretarse como intentos de debilitar su independencia o deslegitimar los equilibrios constitucionales ante la ciudadanía.
Finalmente, el comunicado recalca que el Poder Judicial seguirá cumpliendo su mandato constitucional de servir a la población, proteger los derechos humanos y contribuir a la paz social que ha caracterizado a Costa Rica.
Lea aquí la carta completa:
Señor presidente,
Como usted bien señala, la democracia se construye en el diálogo, la transparencia y la discusión informada de los problemas nacionales. No obstante, el Poder Judicial declina, y declinará siempre, tomar parte en propuestas que resulten ajenas a nuestra función y competencia constitucional.
El diseño institucional costarricense, inspirado en los principios de separación de poderes y contrapesos democráticos, asigna al Poder Judicial una posición distinta a la del Poder Ejecutivo y Legislativo. Nuestra naturaleza y funciones, esencialmente técnicas y ajenas a la deliberación política, nos exigen prudencia en la forma en que intervenimos en el espacio público, para preservar la imparcialidad, la confianza ciudadana y, sobre todo, la integridad de nuestra función constitucional.
Los procesos judiciales requieren rigurosidad técnica y confidencialidad, y no pueden ser sometidos a la lógica de un debate mediático, donde la simplificación y el espectáculo predominan sobre el análisis profundo y la legalidad.
El contexto actual, marcado por una creciente efervescencia política y un discurso público orientado a movilizar voluntades electorales, nos exige actuar con extrema responsabilidad. Resulta claro que este debate, aunque formalmente presentado como un ejercicio democrático, podría generar en la ciudadanía una valoración inapropiada de nuestra participación, contraria a nuestra naturaleza y función jurisdiccional.
Finalmente, hago un vehemente llamado a evitar cualquier señalamiento o dinámica que pueda ser percibida como un intento de debilitar la independencia de los poderes del Estado, minando los equilibrios constitucionalmente establecidos, con el consecuente riesgo de deslegitimación ante la ciudadanía.
El Poder Judicial seguirá trabajando con integridad, rigor técnico y respeto irrestricto a la ley, cumpliendo su mandato constitucional de servir a la ciudadanía, proteger los derechos humanos y contribuir a la paz social que ha distinguido a Costa Rica a lo largo de su historia.
