- Organismo insiste en la necesidad de una normativa clara para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento laboral
Redacción – En sus Informes Anuales, así como en recomendaciones y criterios emitidos ante proyectos de ley, la Defensoría de los Habitantes ha dado seguimiento a la problemática del acoso laboral o mobbing en el sector público costarricense.
La institución ha identificado como uno de los principales desafíos la ausencia de normativa interna específica en muchas instituciones estatales para abordar, tramitar y prevenir estos casos. Esta carencia se ve agravada por la falta de conocimiento por parte de los funcionarios sobre sus derechos como víctimas y las responsabilidades y sanciones aplicables a quienes cometen estas conductas.
El objetivo central de la intervención de la Defensoría es erradicar la indefensión, evitar la impunidad de los agresores y proteger a las víctimas, promoviendo una normativa que garantice procesos adecuados para la atención, tramitación, capacitación y prevención del acoso laboral. Además, busca asegurar que las personas responsables de investigar estos casos respeten los derechos de las víctimas, evitando su revictimización y garantizando el cumplimiento de los plazos y etapas del proceso.
Asimismo, la Defensoría ha enfatizado la urgencia de una ley nacional integral sobre el acoso laboral, que no solo defina este tipo de violencia, sino que también establezca mecanismos claros de prevención, denuncia e investigación.
A nivel internacional, Costa Rica sigue pendiente de ratificar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo. Este tratado permitiría incorporar en la legislación nacional definiciones, conceptos y políticas efectivas para proteger a las personas víctimas de acoso y violencia en el entorno laboral.
La Defensoría de los Habitantes reitera su llamado a la Asamblea Legislativa para que priorice la aprobación de una normativa integral, con el fin de cerrar esta deuda histórica y garantizar un ambiente laboral seguro y respetuoso para todos los trabajadores del sector público.
