Redacción – La Defensoría de los Habitantes ha iniciado una investigación para evaluar las posibles repercusiones financieras que podría generar la implementación del salario único global en el sector público. Esta investigación se enfoca en el potencial traslado de todas las personas funcionarias públicas, actualmente bajo el esquema de salario base más pluses, hacia el nuevo sistema de salario único global.
Uno de los principales aspectos que la Defensoría busca esclarecer es cómo esta transición podría afectar el Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales dentro del Sector Público, y su impacto en los ingresos tributarios del país. Con este fin, la Defensoría ha solicitado información detallada al Viceministerio de Empleo Público del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).
En particular, la institución busca conocer el efecto neto de esta reforma en las finanzas públicas, especialmente en términos de su influencia sobre el marco fiscal a mediano plazo (2025-2029). La Defensoría ha solicitado un análisis que considere los efectos de que todos los funcionarios del Gobierno Central, incluidos los órganos desconcentrados y las instituciones descentralizadas no empresariales, migren al esquema de salario único. Entre los aspectos clave se incluyen el impacto sobre la deuda pública en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), el déficit fiscal y el posible incremento en el presupuesto nacional, tanto en términos nominales como porcentuales.
Además, como parte de la investigación, la Defensoría ha solicitado un desglose detallado del número de personas funcionarias públicas que actualmente se encuentran bajo la modalidad de salario compuesto y salario global, desglosadas entre el Gobierno Central y las instituciones descentralizadas no empresariales.
Cabe destacar que, en diciembre de 2024, la Defensoría ya había realizado consultas al Ministerio de Hacienda, que respondió que la información solicitada estaba en proceso de elaboración por parte de MIDEPLAN, órgano rector en materia de empleo público.
Este análisis busca asegurar que cualquier cambio en la estructura salarial del sector público sea evaluado con rigurosidad para evitar impactos negativos en las finanzas del país y garantizar la sostenibilidad del sistema fiscal en el futuro.
