Redacción – El presidente Rodrigo Chaves presentó este miércoles ante la Asamblea Legislativa un ambicioso proyecto de ley que busca establecer un tope máximo a las pensiones otorgadas por el Poder Judicial, el Magisterio Nacional y aquellas con cargo al Presupuesto Nacional.
Este límite se alineará con el máximo vigente del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), actualmente fijado en ₡1.666.062.
El proyecto, denominado “Luchando por la Justicia del Sistema de Pensiones del Sector Público” y registrado bajo el expediente 24.786, propone:
• Aplicar un tope a todas las pensiones, incluyendo aquellas ya en curso de pago.
• Asegurar que, tras las deducciones, la pensión no sea inferior al 40% del salario de referencia utilizado en su cálculo original.
• Implementar los cambios de forma progresiva en un plazo de seis meses.
Un estudio actuarial elaborado por Kemly Arias Sandí sustenta la iniciativa, destacando los problemas de sostenibilidad de los regímenes contributivos:
• 916 pensiones del Presupuesto Nacional superan el tope del IVM, con algunas alcanzando hasta ₡13.9 millones (324 veces la pensión mínima).
• En el Magisterio Nacional, 3.911 pensiones exceden el límite del IVM, con la más alta en ₡14.9 millones.
• En el Poder Judicial, 1.151 pensiones sobrepasan el tope, siendo la mayor de ₡10.7 millones.
El estudio resalta que estas pensiones representan una carga desproporcionada para las finanzas públicas:
• Las del Magisterio equivalen al 27.9% del PIB.
• Las del Poder Judicial representan el 2.36% del PIB y se prevé que su fondo sea insolvente para 2055, obligando al Estado a cubrir la totalidad de los pagos.
El proyecto se fundamenta en precedentes de la Sala Constitucional, que ha reconocido la posibilidad de limitar las pensiones siempre que las medidas sean razonables y proporcionales.
Desde 2016, se han implementado leyes como:
• Ley 9383: Introdujo una contribución especial solidaria que grava pensiones superiores a 10 veces el salario mínimo.
• Ley 9796: Redujo el umbral de exoneración de 10 a 8 salarios mínimos, aumentando las contribuciones solidarias.
El gobierno busca garantizar principios de solidaridad y justicia social, redistribuir los recursos públicos y evitar el colapso financiero de los regímenes de pensiones. Además, espera reducir la brecha entre las contribuciones realizadas y los beneficios recibidos, fomentando un sistema más sostenible.
Este proyecto marca un paso crucial en el debate sobre las pensiones de lujo y su impacto en la economía nacional, prometiendo una discusión legislativa intensa en los próximos meses.
