Redacción. El Gobierno de la República, liderado por el presidente Rodrigo Chaves Robles, presentó este miércoles un proyecto de ley que busca eliminar las pensiones de lujo, consideradas un abuso al sistema de pensiones del sector público.

La propuesta, denominada «Luchando por la Justicia del Sistema de Pensiones del Sector Público» y tramitada bajo el expediente N° 24.786, pretende corregir las distorsiones en el uso de los recursos públicos.

El proyecto responde a la creciente indignación de la ciudadanía por las llamadas pensiones de lujo, que alcanzan montos desde ₡3 millones hasta casi ₡15 millones mensuales.

Estas cifras se perciben como desproporcionadas, especialmente porque los beneficiarios no cotizaron lo suficiente para recibir tales sumas.

Según el Gobierno, estas pensiones se pagan con recursos del Presupuesto Nacional y del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

El presidente Chaves describió estas prácticas como una «herida abierta» para el país. «Este proyecto es el clamor del pueblo costarricense para frenar el abuso millonario de unos cuantos. Se trata de devolverle justicia al sistema y poner fin a un despilfarro que solo beneficia a unos pocos en detrimento de todos», aseguró.

Límites y ajustes progresivos

La iniciativa establece que ninguna pensión del sector público sobrepase los ₡1.765.859. Para las pensiones que actualmente exceden ese límite, se implementará una reducción progresiva que se completará en un plazo de seis meses.

La ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado, denunció que algunos pensionados incluso reciben más de una pensión.

«En el Fondo de Pensiones del Poder Judicial encontramos pensiones de hasta ₡10.720.000 al mes y, en el antiguo Régimen del Magisterio, hay beneficiarios con montos de hasta ₡15 millones. Esto es un abuso total y una injusticia social que urge detener», enfatizó.

Excepciones y sostenibilidad

El proyecto de ley aclara que los ajustes no afectarán a ciertos grupos vulnerables, como los pensionados del Cuerpo de Bomberos, policías o educadores del sistema administrado por JUPEMA. Tampoco impactará a quienes hayan cumplido con sus aportes de manera adecuada. El objetivo, según las autoridades, es equilibrar el sistema sin perjudicar a quienes han cotizado de manera justa.

Además, la propuesta pretende garantizar la sostenibilidad financiera de los regímenes de pensiones, buscando proteger el presupuesto nacional y evitar futuras crisis en el sistema de pensiones.

Reacciones y próximos pasos

La presentación de este proyecto ha generado un debate intenso entre sectores políticos, económicos y sociales.

Por un lado, los defensores argumentan que es una medida necesaria para corregir años de desbalance en el sistema de pensiones. Por otro lado, algunos opositores consideran que el proceso de recorte debe analizarse con mayor profundidad para no generar incertidumbre entre los pensionados.

En los próximos días, el proyecto será discutido en la Asamblea Legislativa, donde se espera una participación activa de los diferentes partidos políticos y sectores sociales.

El Gobierno confía en que el apoyo ciudadano impulse la aprobación de esta medida, considerada clave para garantizar la equidad en el manejo de los fondos públicos.

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