Redacción- En la sesión celebrada este lunes 10 de febrero, la Corte Suprema de Justicia aprobó un acuerdo firme para reforzar la seguridad de las personas usuarias y el funcionariado judicial, sin que se vean afectados los servicios de administración de justicia.
Esta medida, que incluye la revisión de las partidas presupuestarias y la reorientación de recursos, busca abordar los riesgos y vulnerabilidades de las sedes judiciales, especialmente aquellas ubicadas en zonas de alto riesgo, como la provincia de Limón.
La decisión responde al lamentable asesinato del subjefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles, Geiner Zamora, quien fue atacado con arma de fuego el pasado 1° de febrero.
Tras este suceso, la Corte Plena, compuesta por las 22 magistraturas, destacó la urgencia de tomar acciones para proteger a quienes trabajan y utilizan los servicios judiciales.
El magistrado presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez, afirmó que «la seguridad de las personas funcionarias y de quienes requieren nuestros servicios es una prioridad. Estamos tomando medidas, fortaleciendo programas y generando cambios, siempre con el objetivo de atender de manera oportuna la situación de violencia que enfrenta el país. El acuerdo refleja el compromiso de todo el Poder Judicial hacia un mismo objetivo.»
Consulta a la Contraloría
Además de las medidas inmediatas, la Corte aprobó consultar a la Contraloría General de la República sobre la posibilidad de declarar un Estado de Urgencia y Necesidad. Esto permitiría acceder a fondos adicionales del Fondo de Emergencias del Poder Judicial, para reforzar la seguridad en los circuitos judiciales de Limón, Pococí y el I Circuito Judicial de San José. La presidencia de la Corte se encargará de gestionar esta consulta ante el ente contralor.
Guía de autoprotección y protocolo “Persona atacante activa”
En el marco de las acciones de seguridad, los magistrados también aprobaron la implementación de la Guía de autoprotección y el protocolo “Persona atacante activa” para el funcionariado judicial, como parte del Proyecto de Fortalecimiento de la Seguridad Institucional. Este protocolo y la guía de autoprotección fueron introducidos después de una capacitación a 12.000 personas funcionarias en 2024, lo que representa un 80% del personal. Se tiene previsto alcanzar al 100% de los funcionarios este año.
Proyecto de Fortalecimiento de la Seguridad
Este proyecto, que cuenta con un presupuesto de ₡2.400 millones para el año 2025, se estructura en tres ejes estratégicos:
- Seguridad en infraestructura, tecnología y recurso humano:
- Instalación de cerramientos perimetrales y cámaras de seguridad tipo exclusamiento.
- Implementación de casetas de seguridad, sistemas de alarma y botones de pánico.
- Ampliación del sistema de CCTV y fortalecimiento del servicio de seguridad privada.
- Seguridad en los procesos:
- Actualización de protocolos y reglamentos para la prevención y respuesta ante situaciones de riesgo.
- Revisión de sistemas de detección temprana de amenazas y coordinación con entidades externas.
- Seguridad de las personas:
- Capacitación obligatoria en vigilancia y manejo de riesgos.
- Charlas sobre medidas preventivas y autoprotección para el personal judicial.
Con estas acciones, la Corte Suprema de Justicia busca garantizar un entorno seguro para el funcionariado judicial y las personas que requieren los servicios del Poder Judicial, fortaleciendo la infraestructura y las capacidades de respuesta ante situaciones de riesgo.
