Redacción- El Gobierno de la República ha dado un paso decisivo en el fortalecimiento del sistema penitenciario del país al presentar a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley del Sistema Penitenciario Nacional, un ambicioso plan que busca abordar las deficiencias estructurales y operativas en las cárceles, al tiempo que refuerza el control sobre los privados de libertad.
Este proyecto forma parte de una serie de medidas administrativas urgentes, como el cierre de pulperías dentro de los centros penitenciarios y la eliminación del dinero en efectivo en las cárceles, que han sido implementadas como parte de los esfuerzos del gobierno para reducir las actividades delictivas dentro de las prisiones.
Uno de los puntos clave de la propuesta es el fortalecimiento de los criterios técnicos del Instituto Nacional de Criminología (INC), cuyo papel es esencial al momento de autorizar cambios en las medidas de los privados de libertad. El gobierno defiende que las evaluaciones realizadas por este instituto deben ser tomadas con máxima seriedad, para evitar que individuos que representan un peligro para la sociedad obtengan permisos de salida o medidas menos restrictivas, lo que podría derivar en nuevos delitos o violencia.
El proyecto de ley también subraya la importancia de aplicar una «mano dura» en el trato hacia aquellos privados de libertad involucrados en delitos graves como el crimen organizado, narcotráfico, homicidios, femicidios y delitos sexuales. En este sentido, se establece que las medidas penitenciarias serán estrictas para quienes hayan cometido estos crímenes, garantizando que no se concedan beneficios a aquellos que representen un riesgo para la seguridad pública.
Además, el proyecto establece un cambio en la administración del sistema penitenciario, proponiendo que la Dirección General de Adaptación Social sea la única entidad encargada de organizar y administrar las cárceles del país. Esto eliminaría la doble administración que existía anteriormente desde diferentes Poderes del Estado, brindando mayor claridad y control sobre las políticas y recursos destinados al sistema carcelario.
Una de las novedades importantes de la ley es la modificación del expediente 24.019, que permitirá al Juzgado de Ejecución de la Pena involucrarse en ciertos asuntos administrativos relacionados con las cárceles. Sin embargo, se subraya que la verdadera expertise y conocimiento de la realidad diaria en las prisiones está en manos de quienes trabajan allí, lo que garantiza una gestión más efectiva y alineada con las necesidades del sistema penitenciario.
Con esta reforma, el Gobierno de la República busca transformar las cárceles en espacios más seguros y adecuados para cumplir su función de rehabilitación y resocialización, pero sin comprometer la seguridad pública
