- El Ministerio Público pidió levantar la inmunidad del presidente y del actual ministro de Cultura por un contrato adjudicado con fondos del BCIE
La Fiscalía General de la República presentó una acusación formal contra el presidente Rodrigo Chaves Robles por el presunto delito de concusión, relacionado con la contratación de una empresa de comunicación que recibió $405.800 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para brindar servicios a Casa Presidencial.
La acusación también alcanza al actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, quien en ese momento se desempeñaba como jefe de despacho del presidente. Ambos son señalados por supuestamente haber favorecido al productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas, propietario de la empresa RMC La Productora S. A., también conocida como Nocaut.
El caso fue elevado por el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, ante la Corte Plena, solicitando que se gestione ante la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad de los dos altos funcionarios para que puedan ser llevados a juicio.
La pieza clave: Bulgarelli, testigo de la corona
Bulgarelli fue quien obtuvo el millonario contrato con recursos del BCIE, pero posteriormente se convirtió en testigo de la corona. A cambio de colaborar con la investigación y brindar información sensible, se le concedió un criterio de oportunidad que lo eximió de enfrentar cargos por estos hechos.
Según la tesis de la Fiscalía, el contrato fue diseñado a la medida para favorecer a Bulgarelli, e incluía pagos que terminaron beneficiando a personas cercanas al círculo de confianza de Chaves, entre ellos asesores de imagen y operadores políticos.
La prueba clave: los audios de la Presidencia
Una de las principales piezas de evidencia que sustenta la acusación proviene de los audios grabados en Casa Presidencial. Estas grabaciones fueron realizadas por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, y entregadas al Ministerio Público. En ellas se escuchan conversaciones del presidente, sus ministros y asesores, en las que se habla del contrato, del dinero involucrado y de presuntas intenciones de beneficiar a ciertas personas.
Los audios revelan, por ejemplo, cómo Chaves pidió que su asesor de imagen, conocido como “Choreco”, formara parte del contrato. En otra grabación, el mandatario menciona que tenía “un montón de antojos” y que quería pedir “un par de chineos, de cariñitos”.
El contrato bajo la lupa del BCIE
El Banco Centroamericano de Integración Económica también investigó internamente el contrato y concluyó que existe la posibilidad de que Bulgarelli hubiese incurrido en “prácticas prohibidas de fraude y colusión” para lograr la adjudicación.
No obstante, el empresario contraatacó y señaló que fueron funcionarios del Gobierno quienes manipularon el proceso y que él solo actuó como ejecutor de una estructura ya montada desde
Intentos por ocultar información
Según reveló La Nación, la Presidencia y el BCIE intentaron ocultar durante meses el expediente completo del contrato. La Casa Presidencial divulgó únicamente partes seleccionadas del acuerdo, omitiendo documentos clave como los criterios técnicos previos, intercambios de correos y los oficios con nombres de responsables del banco. Esta documentación fue esencial para que la Fiscalía lograra armar su caso.
Además, se comprobó que el contrato inicial fue ampliado de forma silenciosa, pasando de $300.000 a $405.800, sin explicación clara en la documentación publicada por el Gobierno.
Próximos pasos
La Corte Plena ya recibió la solicitud de apertura de juicio. Si los magistrados aprueban la petición, la Asamblea Legislativa deberá votar para levantar la inmunidad del presidente y del ministro Rodríguez.
De ser encontrados culpables del delito de concusión, podrían enfrentar hasta ocho años de prisión.
El caso continúa bajo el expediente N.° 23-000057-0033-PE y es uno de los procesos judiciales más delicados que enfrenta la actual administración.
