Redacción-Los contribuyentes tienen hasta este lunes 2 de octubre para pagar, sin recargo, el monto correspondiente al impuesto a las personas jurídicas del período 2017. Por ser el 30 de setiembre un día inhábil, el último día de pago se trasladó para esta fecha.
Dicho impuesto se puso al cobro el 1 de setiembre, durante este mes los contribuyentes deben pagar el monto proporcional del impuesto correspondiente a los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017.
Para el próximo año, se deberá pagar el total de impuesto correspondiente al periodo 2018.
El pago se puede efectuar por conectividad mediante el sitio web del banco correspondiente, o directamente en cajas y entidades autorizadas, indicando el número de identificación de la persona jurídica. Las entidades recaudadoras autorizadas en las que se puede realizar el pago son las siguientes:
- Bac San José
- Banco de Costa Rica
- Banco BCT
- Davivienda
- Banco Nacional
- Grupo Mutual Alajuela
- Teledólar
- Cruz Roja Costarricense
- Tiendas Ekono
- Servimás
Quienes no realicen el pago dentro de los 30 días naturales del mes de setiembre, deberán asumir los recargos y enfrentar la sanción por morosidad en el pago.
Aquellas personas jurídicas que tengan pendientes el pago del impuesto correspondiente a períodos anteriores, tienen que realizar las gestiones que corresponda ante el Registro Nacional para ponerse al día.
Son contribuyentes de este impuesto todas las sociedades mercantiles, las sucursales de una sociedad extranjera o su representante, y las empresas individuales de responsabilidad limitada inscritas ante el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional. Incluye además las casas extranjeras, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita, sociedades colectivas y empresas individuales de responsabilidad limitada.
Los recursos provenientes de este impuesto son asignados al Ministerio de Seguridad Pública para financiar infraestructura física de las delegaciones policiales, compra y mantenimiento de equipo policial, atención a la seguridad ciudadana y combate a la delincuencia; al Ministerio de Justicia y Paz para financiar la Dirección General de Adaptación Social; y al Poder Judicial para financiar el Organismo de Investigación Judicial en la atención del crimen organizado.
