Redacción- La práctica informal y la nula reglamentación para regular los contratos inmobiliarios, motivó a la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces (CCCBR), a impulsar el proyecto de Ley #20761, denominado Ley de Correduría de Bienes Raíces.
El proyecto, que en este momento se encuentra en trámite en la corriente legislativa, a la espera de ser asignado a la Comisión respectiva en el Congreso, buscar generar reglas claras en la figura del corredor de bienes raíces, que hasta el momento se viene realizando a la libre, sin el debido respaldo de leyes y reglamentos que protejan tanto a los participantes del sector inmobiliario como a sus clientes.
Ana Seydi López, presidente de la CCCBR, destacó la importancia de establecer reglas claras en esta práctica, algo que viene promoviendo la Cámara, pero que necesita respaldo de ley.
“Se trata en esencia de la protección patrimonial y económica de las partes que intervienen en este mercado. Buscamos la forma de asegurar la actividad inmobiliaria para que cumpla con sus obligaciones fiscales con la Hacienda Pública. Actualmente, existe vacío y confusión en este campo”, sostuvo López.
Precisamente, uno de los puntos clave de este proyecto de ley es generar la obligación de que cada corredor esté registrado y requiera de una licencia para ejercer, lo cual contribuye a tener mejores controles sobre prácticas inadecuadas como el lavado de dinero por medio de la venta de propiedades.
El proyecto de ley contempla que sea desde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio que se regule la actividad, para que desde ahí se den los lineamientos y se cuente con un registro de personas que cumplen con los requisitos para llevar a cabo la actividad.
De acuerdo con el proyecto de ley, ninguna persona podrá realizar actividades de correduría en bienes raíces de forma habitual o profesional sin contar con la correspondiente licencia vigente otorgada por el Ministerio de Economía.
“La promulgación de una ley relacionada con el ejercicio de la correduría es clave para contribuir con la Estrategia Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero. Por ello es que, desde la Cámara, se insiste en que es necesaria una normativa nacional que defina, tipifique, regule y puntualice los derechos, las obligaciones y requisitos para el ejercicio de la correduría”, agregó López.
La publicación de esta ley contribuiría además a una mejor imagen del país en materia regulatoria en lo que se refiere al mercado inmobiliario y cerraría portillos frente a prácticas anómalas.
Este proyecto será una de las ponencias principales del III Congreso Inmobiliario Latinoamericano 2018, a celebrarse en Costa Rica los días días 9 y 10 de agosto en el hotel Real Intercontinental en San José, con la participación de 18 países de Latinoamérica, de Norteamérica y Europa.
“La oportunidad se presta ideal para corredores profesionales que quieran extender sus conocimientos con conferencistas expertos a nivel mundial y con tecnología de punta, compartir conocimientos, ampliar sus contactos (networking), haciendo crecer su red de negocios con actores del sector inmobiliario. Hemos trabajado en una oferta de temas muy atractiva para todos los intereses del gremio nacional e internacional”, indicó Ofelia Ulloa, coordinadora del Congreso.
El Congreso es organizado por la CCCBR y auspiciado por la Confederación Inmobiliaria de Latinoamérica (CILA). Las inscripciones se pueden realizar en la página http://www.cila2018costarica.com/
