Redacción- Una masacre y no un intento de golpe de Estado, así cataloga el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (Oacnudh), la crisis que vive el pueblo nicaragüense.
La ONU emitió un informe en el cual desmintió que las acciones del gobierno de Ortega fueran justificables por tratarse de un golpe de Estado, como lo ha tratado de transmitir la propaganda oficialista. Al contrario, el comisionado señaló que Ortega y su esposa, Rosario Murillo, han desatado una mascare y represión en Nicaragua.
«La respuesta global de las autoridades a las protestas no cumplió con los estándares aplicables sobre la gestión adecuada de manifestaciones, en violación del derecho internacional de los derechos humanos”, señala el informe.
Además, Oacnudh indicó que el Gobierno de Ortega no ha reconocido su responsabilidad por la crisis que vive el pueblo nicaragüense. Y que al contrario, ha culpado a los medios de comunicación, líderes sociales y a la oposición.
Asimismo, la entidad criticó el no reconocimiento de la cantidad de muertes ( más de 400 según La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH)) que hasta el momento se contabilizan, pues el Gobierno afirma que el saldo de víctimas es de apenas 197 personas.
Las violaciones de derechos humanos que se documentan dentro del informe incluyen: el uso desproporcionado de la fuerza por parte la Policía, ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; obstrucción del acceso a la atención médica; detenciones arbitrarias o ilegales; malos tratos, casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención; así como violaciones a las libertades de reunión y expresión.
El informe aclara, además, que la crisis en Nicaragua persiste, pues las autoridades siguen cometiendo abusos al recurrir a campañas de desacreditación, persecuciones, despidos arbitrarios, entre otras acciones.
“Este patrón ha instaurado un clima de miedo y desconfianza en la población. El nivel de persecución es tal que muchos de los que han participado en las protestas, defendido los derechos de los manifestantes, o simplemente expresado una opinión disidente, se han visto forzados a esconderse, han abandonado Nicaragua o están tratando de hacerlo”, indica Oacnudh en el informe.
Asimismo, la entidad menciona que alrededor de 23,000 personas han solicitado refugio en Costa Rica, según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).