Redacción- La infraestructura sustenta el transporte eficiente de personas y productos; suministra servicios esenciales como agua, saneamiento y electricidad; provee espacios para la educación, salud y funciones judiciales; hace posible el comercio, el entretenimiento y el ocio. Es decir, el nivel de calidad de nuestra vida gira en torno al nivel de calidad de la infraestructura que tenemos.
De acuerdo con el Índice de Competitividad Global 2018 del Foro Económico Mundial (FEM), Costa Rica se posicionó en el lugar 78 en infraestructura y ocupa la posición 124 en calidad de carreteras de 140 países evaluados.
Para Gustavo Ortiz, Director de Infraestructura para EY Centroamérica y República dominicana, el problema de infraestructura en Costa Rica es estructural y la única forma de suministrar al país de infraestructura de calidad, es cambiando el modelo usado en las últimas décadas, para lo cual hay que “pensar fuera de la caja” y replantearse totalmente el modelo usado en las últimas décadas.
Es aquí donde modelos como el de las Asociaciones Público-Privadas (APPs) podrían ayudar a reducir la brecha existente como ha sucedido a nivel global.
Según Enrique Oliveros, socio líder de Infraestructura para EY Latinoamérica, en la región con el uso de las APPs, lo que se busca es minimizar los costos y maximizar los beneficios en el suministro de infraestructura, incorporando al sector privado activamente en el financiamiento, construcción y operación de la infraestructura.
Por ejemplo, si el Estado tuviera disponible mil millones de dólares para el desarrollo de una línea de metro y consiguiera inversores privados que lo acompañen, podría invertir una cuarta parte de ese dinero en el proyecto y contar con fondos para desarrollar otras obras en educación, salud, entre otras.
“En países en desarrollo, como Costa Rica, la necesidad es construir infraestructura que hoy no existe, mientras que en países desarrollados la necesidad se enfoca en reemplazar la que ya tienen porque está obsoleta, por efectos del cambio climático o por la aparición de nuevas tecnologías. Globalmente, los países estamos compitiendo entre sí por atraer a los mismos desarrolladores”, comentó Oliveros.
De acuerdo con el experto, Costa Rica tiene la urgencia de terminar de poner la casa en orden y salir al mercado con un programa de APPs que sea atractivo para la inversión privada.
En los últimos años, el país ha invertido aproximadamente un 2% del PIB en infraestructura de transporte. “Lo ideal es que se esté invirtiendo entre 4% y 6% para reducir esta brecha y tener una infraestructura de mayor calidad”, dijo Oliveros.
Para Ortiz, por su parte, en estos procesos, la transparencia e información a la ciudadanía es importante pues de esta forma también se generará confianza entre los inversionistas y financiadores de que en el país cuenta con condiciones mínimas para desarrollar APPs de forma eficiente y segura.
Esta semana, los expertos ofrecieron un taller a los funcionarios del Consejo Nacional de Concesiones y otras instituciones públicas, para fortalecer el conocimiento en APPs y revisar los modelos Peruano y Colombiano, que están entre los más desarrollados en la región.