- Solicita que la sanción responda a la gravedad del hecho
Redacción- En el 2018 se registraron 376 casos de hostigamiento sexual en el sector público reportados ante la Defensoría de los Habitantes por parte de las instituciones públicas.
En el 2017, un total de 227 casos; en el 2016 el reporte indicó 265 casos, mientras que en el 2015 la cifra alcanzó 201, por lo que el promedio de casos anuales de 267 en los últimos cuatro años.
De acuerdo con las estadísticas en el 2017, la mayor parte de las víctimas fueron mujeres -el 77% de los casos- mientras que el 11% correspondió a hombres; si tomamos en cuenta la persona denunciada el 94% correspondió a hombres, un 4% de mujeres y un 2% no se reportó esa variable.
Las tres entidades públicas donde se registraron en 2017 más denuncias fueron el Ministerio de Educación Pública con 59 casos, seguido por la Caja Costarricense del Seguro Social con 51 casos y la Universidad de Costa Rica con 18 casos.
En cuanto a la presunta víctima un 30% fue una persona menor de edad y un 68% a una persona mayor de edad mientras que un 2% no se reportó esa variable.
Mientras tanto, la mayor cantidad de personas denunciadas por hostigamiento sexual el 97% fueron mayores de edad. El lugar donde ocurrieron los hechos, fue mayoritariamente San José, con 40%, seguido de Alajuela con 17%; Heredia con 12%, Cartago con 10%, Limón con 8%, Puntarenas con 7% y Guanacaste con un 4%.
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En cuanto a la posición jerárquica, en la mayoría de los casos la persona denunciada tenía igual posición de puesto en el trabajo; luego le sigue la posición de autoridad en relación docente-estudiante. En cuanto a las principales manifestaciones denunciadas con contenido sexual están las verbales, los acercamientos, los tocamientos, las miradas lascivas, los mensajes digitales, obsequios, entre otras.
Para la Defensoría de los Habitantes, a pesar del tiempo transcurrido de vigencia de la ley, más de 20 años, durante los cuales se han generado instrumentos específicos para el trámite de los casos: las víctimas son parte del proceso, se aplicado medidas cautelares de protección y se ha fortalecido instancias especializadas para el trámite de los casos, lo cierto es que las principales debilidades que subsisten son la ausencia de mecanismos de prevención sistemáticos y la implementación de una política interna de cero tolerancia ante cualquier tipo de violencia que transformen los entornos culturales de machismo, las debilidades en la toma de denuncia inicial y en la decisión de la aplicación de sanciones que se imponen, los casos que se desestiman, entre otros, y que esta
Ante este panorama, la Defensoría de los Habitantes sigue evidenciando la necesidad de que las personas que investigan y sancionan este tipo de hechos reciban capacitación especializada, procesos que incluso ha llevado a cabo esta institución; y que la ponderación de la sanción responda a la gravedad del hecho; asimismo la necesidad de acompañar a las víctimas. También la necesidad de que se adopten medidas complementarias a la sanción con el propósito de cumplir con la obligación de prevenir la repetición de estas conductas.
En el caso de las Universidades Públicas, la Defensoría mantiene abierta la puerta para la asesoría y orientación tanto a las víctimas como a la institución de educación superior en aras de fortalecer la denuncia, hacer campañas de prevención y de capacitación, implementar las políticas internas, adecuar los reglamentos de manera que respondan a las necesidades de tiempos de resolución y de sanciones.
