- El Proyecto 21.364 de la diputada María José Corrales (PLN) habilita la factura electrónica como título ejecutivo para plantear reclamos ante juzgados civiles del Poder Judicial
Redacción. Un consumidor o el propietario de una pequeña y mediana empresa o de una empresa más grande, hoy en día, que considera que sus derechos fueron vulnerados y acude a un Tribunal a plantear una denuncia, aportando como prueba su factura electrónica, se expone a que su gestión sea rechazada.
Esto ocurre porque el Código de Comercio no acepta como válidas las facturas electrónicas en este tipo de reclamos.
Únicamente permite las facturas físicas.
Corregir esta situación es la intención del proyecto 21.364Reforma del artículo 460 del Código de Comercio, ley n. 3284 del 30 de abril de 1964 Ley de Digitalización del Cobro Judicial de la diputada María José Corrales del Partido Liberación Nacional (PLN).
El proyecto fue presentado el pasado 24 de abril y fue dictaminado hoy en la tarde en la Comisión de Asuntos Hacendarios, en forma unánime afirmativo.
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Los diputados acogieron un texto sustitutivo del proyecto de ley, con el respaldo dado por parte de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda.
“La digitalización y las revoluciones tecnológicas están tocando nuestras vidas. Y es un anacronismo absoluto limitar el acceso a la justicia solo porque la persona aporta una factura electrónica y no física impresa. Esto debe corregirse y por dos razones fundamentales: se cercena el derecho de acceso a la justicia de parte de los ciudadanos, y por otra parte, la situación actual no está alineada con la estrategia país para digitalizar su economía”, señaló la diputada María José Corrales.
La factura electrónica se introdujo en el país por medio de la Ley Contra el Fraude Fiscal que comenzó a regir desde el 15 de enero del 2018 para el sector salud y a partir de ese momento y de manera escalonada inició su aplicación en los demás sectores productivos y de servicios.
Este proyecto se elaboró de manera conjunta con la Fundación Costa Rica Emprende, una organización sin fines de lucro que vela por el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas en el país.
