Redacciòn– El diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz, hizo un vehemente llamado al Poder Ejecutivo para que convoque cuanto antes cuatro proyectos para dar oportunidad efectiva a quienes buscan trabajar.
Las propuestas y acciones efectivas urgen en momentos , cuando las cifras del desempleo alcanzan el 12.4%, lo que representa 309 mil personas que sufren a diario por no tener trabajo y a esto se suma el impacto económico que desde ya se vaticina ante llegada del Covid-19, donde sectores ligados al comercio, turismo y pequeños empresarios, así como el mismo Banco Central de Costa Rica manifiestan su preocupación por la falta de un plan de contingencia.
La solicitud del legislador socialcristiano al Presidente de la República, Carlos Alvarado, contempla cuatro proyectos: ¨Ley especial de salvamento de empresas ante la declaración de pandemias¨( el proyecto 21838) , ¨Amnistía para la formalización y recaudación de cargas sociales ¨ (Expediente 21522), ¨Justicia en la base mínima contributiva para incentivar el empleo¨ (Expediente 21 437) y, “Ley del trabajador independiente” (Expediente 21 434).
«Son proyectos de ley planteados, el más reciente el jueves anterior por mi compañera María Inés Solís con apoyo de la Fracción Unidad, y los otros los presentamos en mayo 2019 para impulsar condiciones justas para que costarricenses podamos crear prosperidad y trabajo para todos.
No podemos quedarnos cruzados ante las barreras que erige la CCSS y, ahora, con el impacto del Covid19, la incertidumbre crece más¨; destacó el diputado Muñoz.
El proyecto 21838: ¨Ley general de salvamento de empresas ante la declaración de pandemias¨, como una de las herramientas que permitiría a los sectores afectados en Costa Rica mitigar las consecuencias del COVID-19 y de cualquier otra pandemia que sea declarada por la Organización Mundial de la Salud.
El proyecto de ley define acciones en cuanto postergar el pago del Impuesto del Valor Agregado (IVA), ajustes en el pago de aporte patronal, adecuación de deudas con bancos del Estado, y establece un mes para que el Gobierno de la República redacte el
reglamento necesario para la vigencia de esta nueva ley.
En todos los casos estableciendo parámetros como demostrar una afectación real en ventas o registros de ingresos, comparado al mismo período en el año anterior.
¨El país carece de un plan con acciones puntuales y temporales para mitigar la emergencia del COVID-19 y a cualquier otra pandemia reconocida por la OMS. Contar con este tipo de medidas es urgente, a fin de evitar un cierre masivo de micro, pequeñas y medianas empresas y el despido de sus trabajadores, lo que agravaría aún más el nivel de desempleo que alcanza el 12,4% y de la pobreza que registra un 21% entre los costarricenses¨; destacó la legisladora socialcristiana, María Inés Solís.
