Redacción. El abogado especialista en manejo de datos del Colegio de Abogados, Adalid Medrano, afirmó que la Comisión Investigadora de la Unidad de Protección de Análisis de Datos de Casa Presidencial, que efectivamente el decreto violaba derechos de protección de datos sensibles de los costarricenses.
Medrano dijo que la información personal en posesión de un actor político sin importar el gobierno puede ser peligroso para la democracia.
El diputado de Nueva República, Jonathan Prendas, cuestionó que si la orden presidencial que solicitaba información podría catalogarse como una irregularidad frente a la legislación establecida.
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«Nosotros venimos aquí a enseñar el informe técnico y solicitar información como tal no necesariamente va a ser ilegal, sin embargo, es el responsable de la base de datos, el que tiene esa responsabilidad y la da de forma ilegal se da un tratamiento de datos irresponsable», agregó.
Prendas dijo que concluía en que el decreto ejecutivo fue ilegal e inconstitucional, sino que también, esos hechos constituyen un abuso de poder.
Medrano agregó que lo de UPAD no es un tema de datos estadísticos, sino más bien un tema de datos personales, incluso sensibles.
