Redacción. El abogado constitucionalista, Rubén Hernández, confirmó durante la comparecencia de la Comisión UPAD, que Michael Soto, ministro de Seguridad, nunca debió de haber dado información sensible y personalizada de los costarricenses.
Esto fue criticado por el diputado Jonathan Prendas, de Nueva República, quien dijo que no existe un fundamento jurídico para suministrarle información sensible y personalizada de los costarricenses al Presidente y sus asesores.
«El gobierno no podía firmar el decreto de creación de esa unidad porque era inconstitucional, no puede argumentar la creación de políticas públicas para tener datos confidenciales y personalizados de la gente y debió mediar una ley para enviar información de cualquier institución a Casa Presidencial», destacó.
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También la diputada liberacionista,Silvia Hernández, se refirió a este tema, luego de que haya interpuesto una denuncia penal contra el asesor Santiago Álvarez por difundir información sensible.
El diputado de la Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz, preguntó que si la motivación explicada puede servir para que no se violente la Ley General de Administración Pública. Hernández manifestó que el asesor carece de toda competencia para pedir ni a nombre propio, ni a nombre del Presidente pedir esa información.
