• Su despido es una posibilidad, señala el MEP

Redacción- Una docente de apellidos Fernández Castro, acusada por la Fiscalía de participar, presuntamente, en actos terroristas perpetrados en el Congreso y en un medio de comunicación, sigue trabajando para el Ministerio de Educación Pública (MEP) y con una investigación administrativa en su contra.

Así lo confirmó el MEP a este medio mediante su departamento de prensa; la entidad indicó que la educadora sigue reubicada mientras se realiza la investigación administrativa en su contra.

«Respecto al caso de Aída ella está reubicada por todo este curso lectivo, y la investigación administrativa se encuentra en trámite; estamos en espera de una información que nos aporte la Fiscalía», indicó el Departamento de Régimen Disciplinario del MEP a AM Prensa.

En julio del 2019, Fernández fue reubicada, pasó de dar lecciones a obtener un puesto administrativo en el MEP, la entidad indicó en ese momento que su cambio de labor sería temporal mientras se seguía la investigación.

Este pasado 15 de setiembre, la Fiscalía acusó a Fernández y a otras seis personas más por presuntos actos terroristas que involucraron la colocación de una bomba en la afueras de Canal 7 y en la Asamblea Legislativa.


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A Fernández se le acusó en su momento de incentivar al terrorismo luego de que saliera a la luz pública un audio en el que pedía accionar en contra del gobierno.

Quienes figuran como imputados en este caso son:

  • El líder del grupo, Miguel Alejandro Gutiérrez Pizarro, quien es abogado
  • Manfred Sandoval Alvarado, alias Macuá
  • Tobby Rafael Borbón Navarro
  • Luis Diego Navarro Naranjo
  • Jerry Humberto Calderón Navarro
  • Álvaro Ureña Wong
  • Aida Patricia de los Ángeles Fernández

Según La Nación, a las personas se les acusará de los siguientes delitos:

  • Dos delitos de incendio o explosión contra Ureña, Sandoval y Borbón.
  • Un delito de incendio o explosión contra Gutiérrez y Navarro.
  • Dos delitos de fabricación o tenencia de materiales explosivos contra Calderón.
  • Un delito de fabricación o tenencia de materiales explosivos contra Gutiérrez, Ureña, Sandoval, Borbón y Navarro.
  • Un delito de apoyo y servicio para el terrorismo contra Fernández.
  • Un delito de asociación ilícita contra todo el grupo.

El MEP indicó que su despido está dentro de las posibilidades, pero es un tema que aún se estudia.