Redacción- Seis meses de prisión preventiva pasarán 10 sospechosos de conformar una estructura criminal investigada por presuntos fraudes informáticos y legitimación de capitales.
Se trata de Quirós Lara, Ramírez Mayorga (mujer), López Cordero, Pérez Gutiérrez (mujer), Quirós Lara (mujer), Cordero Largaespada, Blanco Fonseca, Sánchez Chaves, Maklouf Ureña y Gil Rojas.
Por otra parte, cuatro personas más, de apellidos Mora Álvarez, Vega Ramírez, Aguilar Quesada (mujer) y Lara Matamoros (mujer), cumplirán la medida cautelar de arresto domiciliario con monitoreo electrónico; al tiempo que Quirós Lara y Cordero Largaespada ya descuentan prisión por condenas previas.
Aparentemente, el grupo se dedicaba a cometer estafas, desde el Centro Penal Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma. La estructura fue desarticulada el miércoles pasado, como resultado de una investigación que contó con el apoyo de la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen.
Las acciones operativas incluyeron 17 allanamientos, en esa cárcel, así como en casas ubicadas en León XIII, Cristo Rey, San Ramón, Poás de Alajuela, Siquirres, Tacares de Grecia, Moravia, Goicoechea, Orotina y Pavas.
En la investigación también participó el OIJ de Liberia y la Sección de Legitimación de Capitales. De acuerdo con las autoridades, el grupo recopilaba y procesaba una base de datos con información de la población, la cual les permitía seleccionar víctimas que tuvieran medios económicos en el sistema financiero nacional, a efectos de desapoderarlas de su dinero mediante engaño.
Una vez con los perfiles seleccionados, a través de llamadas telefónicas que se realizaron dentro de La Reforma, contactaron a las personas ofendidas, a quienes les hicieron creer falsamente que eran funcionarios públicos. Mediante el engaño, los sospechosos habrían inducido a error a las víctimas, obteniendo de estos datos para acceder a sus cuentas.
El dinero era depositado a cuentas destino, correspondientes a personas sospechosas que eran reclutadas por la organización, y, posteriormente, extraído de los cajeros automáticos por parte de estas, para luego almacenarlo en casas de los integrantes de la estructura criminal.
En el modo de operar del grupo delictivo también se detectó que habrían contado con la colaboración de al menos dos contadores, quienes confeccionaban declaraciones de ingresos falsas para que las personas reclutadas las presentaran a las entidades financieras y así lograran la apertura de cuentas bancarias y la obtención de tarjetas de débito.
La investigación se desarrolla dentro del expediente 20-000800-0060-PE, por el presunto delito de estafa informática en modalidad de ingeniería social.
