Redacción. Un total de 869 mil familias costarricenses se están viendo perjudicados por el impacto directo e indirecto del Impuesto del Valor Agregado (IVA) en sus recibos de electricidad, desde que entró en vigencia la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Datos de la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (Cedet) confirman que durante el 2020 el impacto del (IVA) en las tarifas eléctricas residenciales fue de más de ocho mil millones de colones.
A pesar de que el 13% de IVA lo pagan los hogares con consumo superior a 280 kWh, hay un efecto indirecto que perjudica a abonados y asociados residenciales en su totalidad incluyendo a los usuarios exonerados y que se extiende también a la industria y el comercio.
En total, el 74% de los usuarios residenciales que atienden las empresas que integran CEDET están exonerados del pago del IVA según la ley, pero esto genera un incremento de los costos de las distribuidoras que sí deben pagar la totalidad del IVA en las compras de electricidad que principalmente hacen al ICE para distribuirla a sus usuarios en sus zonas de concesión, por lo que, ese monto de IVA se convierte en un costo debe trasladarse vía tarifas a todos los usuarios y termina siendo un impuesto indirecto
Según Erick Rojas, vicepresidente de CEDET, en este momento el proyecto de ley tiene dos caminos: dictaminarse o archivarse, por eso, les solicitan a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios que una vez que este proyecto sea nuevamente convocado, le permitan seguir avanzando como una forma de ayudar a la reactivación económica que tanto necesita el país”.
Allan Benavides, presidente de CEDET, indica que esta es una necesaria reivindicación porque nunca fue el espíritu del legislador generar alzas en tarifas para todos los costarricenses a partir del IVA.
