San José – La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular exigió exigió al gobierno que rechace una propuesta del Banco Central que afectaría a más de un millón de personas integrantes de las asociaciones solidaristas y las cooperativas de ahorro y crédito.
El proyecto busca reformar la manera en que dichas organizaciones invierten su reserva de liquidez, es decir, el 15% de sus captaciones de recursos y aportes de los trabajadores y trabajadoras.
“Esta propuesta es un intento más por equiparar a todas las entidades financieras del país, sin considerar que las cooperativas y las asociaciones solidaristas forman parte de la Economía Social Solidaria; por ende, su naturaleza y contribución al bienestar de las personas es diferente”, explicó Marvin Rodríguez, presidente del Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.
Según las organizaciones, en el caso de las asociaciones solidaristas, se provocaría una reducción anual en rendimientos de hasta ¢15.000 millones. Con este monto se podrían construir 500 viviendas de erradicación de precarios en nuestro país.
La disminución de recursos afectaría los programas sociales que mantienen ambos sectores en materia de vivienda, educación y salud, entre otros. Por ejemplo, el solidarismo financia entre el 7% y el 8% de las viviendas construidas en el país durante el periodo 2012-2014.
“Las cooperativas de ahorro y crédito podrían dejar de percibir alrededor de ¢16.000 millones al año”, señaló Carlos Montero, gerente de la Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de Costa Rica (Fecoopse).
La posición de la Asamblea representa a un bloque conformado por personas trabajadoras profesionales, independientes y artesanas, el sector sindical, comunal y el magisterio nacional, que, en esta ocasión, levanta la voz por las cooperativas de ahorro y crédito y las asociaciones solidaristas.
