Costa Rica no deberá pagar millonaria indeminización a canadienses por Crucitas

Canadienses reclamaban US $400 millones por cancelarse la concesión del proyecto minero “Crucitas”

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  • Tribunal resolvió tras más de siete años de disputa legal internacional

Redacción-El Estado costarricense no deberá pagar ninguna indemnización a la empresa canadiense Infinito Gold Ltd, que reclamaba cerca de US $400 millones por cancelarse la concesión del proyecto minero “Crucitas” a la empresa.

Asi lo resolvió el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias  Relativas a Inversiones (CIADI), el cuál fue  planteado por Infinito con base en el “Acuerdo entre el Gobierno  de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de  Inversiones”,  desde el 2014.

En su fallo (laudo arbitral), el tribunal determinó que Costa Rica no le denegó justicia al inversionista, ya que los tribunales nacionales observaron correctamente los principios del debido proceso, y brindaron a Infinito acceso a las oportunidades  de defensa necesarias.

También consideró que es legítimo que el país se declarara libre de la minería metálica a cielo abierto, como un objetivo  soberano para proteger el medio ambiente; pero, al tomar esa decisión, se tenía que considerar  la posible existencia de trámites en curso relacionados con la obtención de un permiso de  exploración o explotación minera, y resguardar su situación.

Al omitir hacerlo, se violaron los  principios de proporcionalidad y razonabilidad que la Administración Pública debe respetarle a  todos los Administrados, incluyendo los inversionistas.

A pesar de lo anterior, Infinito no demostró que la omisión indicada le hubiera provocado un daño y, por ende, no corresponde que Costa Rica le pague ninguna indemnización.

El equipo nacional que tuvo a cargo la defensa de este caso estuvo liderado por COMEX e integrado  por funcionarios de varios departamentos del MINAE (despacho ministerial, dirección legal, SETENA,  SINAC, y Geología y Minas), la Procuraduría General de la República, peritos en los campos del  derecho administrativo y finanzas (cuyas opiniones técnicas se aportaron como prueba para  complementar los argumentos del país en el proceso), y la firma legal internacional Arnold & Porter  Kaye Scholer, expertos contratados para coordinar nuestra estrategia y defensa legal, y para brindar  el apoyo técnico-jurídico especializado necesario durante todo el proceso.