Redacción- La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), en conjunto con la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ejecutó diferentes detenciones para obtener prueba en contra de un grupo criminal dedicado a la comisión de delitos de corrupción para la obtención de beneficios indebidos en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública, a cargo del Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI).
En total, han logrado detener a 28 de las 32 personas inicialmente investigadas por estafar al Estado con 78 mil millones de colones.
De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las personas detenidas corresponden a los siguientes apellidos:
- Carlos Cerdas Araya, dueño de MECO detenido en Escazu
- Alejandro Bolaños Salazar, es el representante legal de MECO detenido en Curridabat
- Abel González Carballo, es el Gerente General de MECO
- Arce Alpizar, Meco
- Bonilla Guillen, Meco
- Solis Vargas, Santa Ana
- Abarca Quesada, Coronado
- Martínez Martínez, Cartago
- Jesús Herrera Chacón, ingeniero de proyectos de Constructora Herrera en San Carlos
- Castro Rodríguez, Alajuela
- Cervantes Morales, Heredia
- Solís Murillo, Sabanilla
- Zuñiga fallas, Desamparados
- Carmen Madrigal Rímola, Directora de Proveeduría del CONAVI
- Carmona Rivas, Desamparados
- Mora Obando, Cartago
- Ortiz Vega, Zapote
- Chavez Mora, San Jose
- José Rojas Monge es Director Financiero del CONAVI
- Quesada Pérez, San José
- May Cantillano, Desamparados
- Zamora Zamora, Heredia
- Ureña Villalobos, Heredia
- Quesada Aguirre, Desamparados
- Sánchez Castro, San Ramón
- Lobo Bejarano, Moravia
- Monge Hernández, Cartago
- Rodríguez Araya, San José
La investigación arroja que gran parte de funcionarios del Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI) y otros jerarcas que tienen que ver con temas de presupuesto y con temas de aprobación de montos de dinero que se destinan a la obra pública, efectuaban una malversación de fondos.
Los funcionarios destinaban fondos para alimentar de manera irregular proyectos relacionados con adjudicaciones de obra pública, tomando dinero de otros proyectos o de otras partidas y que tenían una previsión y un destino diferente o ya establecido.
Además, el uso irregular de ese dinero lo que pretendía era dotar a los proyectos de determinadas compañías o empresas de recurso económico que les permitiera continuar el desarrollo de su actividad comercial.
“Evidentemente en ese tránsito se afectaban otros proyectos, se quitaba contenido económico a actividades que tenían un destino específico y adicionalmente se provocaban crecimiento en las obras. El proceso de investigación que conjuntamente desarrollamos ambos equipos de trabajo y me refiero la fiscalía y al OIJ, pues nos permitió establecer además que había un sistema de intermediación entre las empresas privadas y los funcionarios públicos que permitían la entrega de los dineros, regalías en lavado y ocultamiento de esos movimientos y el pago de sobornos de toda naturaleza”, señaló el director del OIJ, Walter Espinoza.
