- Defensoría exige al PANI mayor proactividad
Redacción- A pesar de muestras de avance importantes generadas por nuestro país en la protección de los niños, niñas y adolescentes como la prohibición legal del matrimonio de las personas menores de edad; para la Defensoría existen en la actualidad falencias de regulación.
El ente señala algunos vacíos como la falta de mano dura ante las relaciones de hecho de éstas con personas adultas, incluidos los embarazos de niñas y adolescentes, son una muestra clara de la normalización social de esta forma de explotación de violencia etaria.
Por otra parte, debe señalarse que condiciones sociales y económicas apremiantes, como las derivadas de la pandemia sanitaria que actualmente se vive, generan situaciones extra de vulnerabilidad ante la explotación laboral, existiendo niños, niñas y adolescentes vinculados a la responsabilidad de cuido y manutención dentro del hogar; lo cual los expulsa del sistema educativo.
Según lo indica Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes: “Los niños, niñas y adolescentes corren otros riesgos como ser víctimas de trata de personas. Ejemplo de ello es que en relación con la explotación sexual comercial se ha tenido un incremento del 44% de denuncias, en relación con las recibidas en el 2019, según informa UNICEF; además del incremento del trabajo infantil ya que para el año 2020 el país registró 1.253 casos de personas; en edades entre los 12 y 14 años, edades donde está prohibido”
Otra situación que enciende las luces de alerta es el creciente reclutamiento y participación de personas menores de edad, particularmente adolescentes, en bandas y redes criminales, siendo esta población tanto víctimas como victimarios.
“Es responsabilidad del Estado garantizar la protección integral y desarrollo adecuado de la población menor de edad; así como generar oportunidades efectivas que las rescaten de estas condiciones de explotación y vulnerabilidad”, indicó Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes.
Es por ello que para la Defensora de los Habitantes debe hacerse un llamado particular a la sociedad, para evitar criminalizar a los niños, niñas y adolescentes; y levantar con vehemencia la alerta de la adopción de medidas interinstitucionales e intersectoriales efectivas, sostenibles e inmediatas.
“En Costa Rica, el 32% de los niños, niñas y adolescentes se encuentra en condición de pobreza, siendo que su nivel de vulnerabilidad a las diferentes formas de explotación es muy alto y, en muchos casos, las consecuencias irreversibles. El país se encuentra en la antesala de la formulación de una política pública a favor de la niñez y la adolescencia. Es la oportunidad para plasmar el compromiso y las acciones necesarias para alcanzar la meta y revertir esta tendencia que compromete hoy mismo la vida y los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. finalizó la Defensora de los Habitantes.
