- Los políticos se han negado a crear verdaderas leyes para que Costa Rica no sea un paraíso para los narcos
Costa Rica vive en carne propia lo que otros países han sufrido de forma lamentable: la penetración del narcotráfico en todas las esferas del Estado.
El problema del narco dejó de ser un tema de trasiego o venta de drogas. Se convirtió en un mal que se infiltró en diferentes instituciones públicas no solo para evadir a las autoridades, sino también para lavar millones de dólares provenientes de este ilícito negocio.
Lo descubierto días atrás por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una de las instituciones insignes del Gobierno como lo es el AyA es un claro ejemplo de cómo las organizaciones criminales aprovechan hasta las licitaciones del Estado para legitimar sus capitales.
Todo ello, bajo el amparo y apoyo de funcionarios que vendieron su ética a cambio del dinero fácil. ¿Cuántos otros “negocios” más hay en estos momentos? Posiblemente muchos.
El narcotráfico poco a poco ha ido inclinándose por Costa Rica por un factor muy específico: las débiles leyes que existen para combatir el crimen organizado.
No ha existido a lo largo de los años y pese al paso de tantos diputados, una verdadera voluntad de legislar con dureza en contra de los narcotraficantes que hoy son amigos íntimos de los políticos, policías y otros funcionarios públicos.
Asimismo, existen muchos vacíos en materia tributaria que permiten a los clanes narco, generar riqueza sin ser detectados. Lo anterior, pese a recomendaciones de otros países que, ante la amenaza de este monstruo repleto de tentáculos, generaron o reformaron leyes frenar el lavado.
Sin embargo, en Costa Rica pareciera que a nuestras autoridades legislativas y judiciales no les importa lo que hoy vive el país.
Por ejemplo, la aplicación de una ley similar a la aprobada hace siete años en los Estados Unidos, Ley de Cumplimiento de Impuestos de Cuentas Extranjeras (FACTA por sus siglas en inglés).
Esa ley evita que las “Personas de Estados Unidos” evadan obligaciones tributarias (impuestos) utilizando cuentas financieras mantenidas fuera de los Estados Unidos.
Además, exige a las Instituciones Financieras Extranjeras (IFEs) que proporcionen anualmente al Ministerio de Hacienda la información sobre clientes “Personas de Estados Unidos” y también de sociedades que pertenezcan a Personas de los Estados Unidos, para que posteriormente la intercambie con el Servicio de Renta de los Estados Unidos (IRS).
Sin duda alguna, una ley así podría exponer potencialmente los esfuerzos para combatir el lavado de dinero que hoy oxigena a las clanes del crimen organizado a gran escala.
Asimismo, este tipo de legislación permitiría revelar el alcance de las redes del lavado utilizadas por organizaciones de tráfico de drogas en México, Centroamérica y Sudamérica.
Es decir, existen muchos mecanismos ya probados, como la ley FACTA, que permiten controles financieros para golpear al crimen organizado; sin embargo, en Costa Rica parecen no tener relevancia.
Igual ha sucedido con el proyecto de Ley Especial de Dominio Público, la cual se encuentra en la corriente legislativa desde hace seis años y tiene múltiples detractores que piden sea archivada.
“Esta ley establece y regula la extinción de dominio de bienes o derechos que tengan origen o destinación ilícita a favor del Estado, y los bienes adquiridos sin causa lícita aparente”, dice el Proyecto de Ley Especial de Extinción de Dominio.
Pese a ello, no ha sido posible su aprobación por infinidad de cuestionamientos que anteponen intereses personales o de terceros, que la lamentable realidad que vive Costa Rica por culpa del narcotráfico y sus demás delitos conexos.
