- Decisión de qué empresa se hara cargo del servicio aún no ha sido tomada
Redacción- El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) buscará que el servicio de Inspección Técnica Vehicular (ITV) siga estando en manos de la empresa española Riteve.
Postura que dieron a conocer este martes por medio de un comunicado en el que señalan que están de acuerdo con lo planteado por la Contraloría General de la República (CGR).
Debido a que este ente ha realizado una gran cantidad de llamados para que actúen en pro de garantizar el funcionamiento de este servicio ya sea con la misma compañía o acordar con otra.
Llamado que queda en claro dentro de un informe en el que se detalla «elaborar, oficializar, e implementar, un procedimiento que regule las etapas (planificación, ejecución y evaluación) del proceso establecido en el Art. 25 de la Ley de Tránsito sobre el servicio de IVE y todos los subprocesos relacionados».
Otro aspecto es que el propio Cosevi interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el Artículo 25 de la Ley de Tránsito.
Mismo en el que se le atribuye la responsabilidad de elegir a la empresa encargada de esta labor al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Ante lo cual la Procuraduría General de la República le informó a la Sala Constitucional que el Art. 25 (Ley 9078) es inconstitucional y que su aplicación supone autorizaciones sin concurso público.
Por lo que la Administración del Cosevi considera que es necesario encontrar una solución alternativa que permita la continuidad del servicio mientras la Sala Constitucional resuelve la inconstitucionalidad.
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Situación ante la cual en los próximos días plantearían la solicitud ante la División de Contratación Administrativa de la Contraloría para su respectiva valoración.
Debido a que no consideran prudente que los riesgos asociados a la aplicación del Art. 25 de la Ley 9078 sea el curso de acción para resolver este asunto.
Además, otos punto que detallan en el comunicado es que el Cosevi le brindará al MOPT apoyo técnico, legal y financiero para definir el ajuste tarifario que se aplicará una vez se finalice el contrato actual.
