- También se allanó el Banco Popular, el Banco Costa Rica y varias viviendas
- La Fiscalía ordenó detener a ocho personas vinculadas con el caso
Redacción- Este lunes se realizan en instituciones públicas una serie de allanamientos a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
Tras las primeras diligencias, la FAPTA reveló algunos detalles sobre la investigación, como el motivo, lugares intervenidos y sobre personas detenidas.
La investigación de las autoridades reveló 29 casos de personas que obtuvieron una pensión adelantada gracias al uso de documentos falsos.
En total, son 18 allanamientos los que se realizan en lugares como oficinas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), del Banco de Costa Rica (BCR) y del Banco Popular (BP). Además se intervienen diversas casa en Escazú, Moravia, San Sebastián, Hatillo, Desamparados, Guadalupe y Puntarenas.
Como resultado de la investigación, la Fiscalía ordenó detener a ocho personas de apellidos Angulo Sandí, Tencio Zúñiga, Guevara Calderón, Ramos Barboza, Marín Otárola, Díaz Caruzo, Rojas Fuentes y González Carrillo.
Además de las capturas, el Ministerio Público busca prueba física y electrónica, para incluirla al expediente de la investigación.
Caso
De acuerdo con la FAPTA, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió una denuncia en la que se indicaba que, al parecer, un extrabajador de una empresa privada habría indicado a algunas personas que tenía un contacto en el BP para agilizar la entrega del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
Por otra parte, la entidad recibió informaciones acerca de posibles retiros del ROP, de forma anticipada y con una certificación aparentemente emitida por la CCSS.
Tras las investigaciones realizadas por el banco y por el OIJ, se detectó que, entre octubre del 2019 y el 08 de setiembre del 2020, aproximadamente 29 empleados de empresas, la mayoría vinculados al extrabajador, habrían obtenido, por parte de la Gerencia de Pensiones de la CCSS, una certificación con declaraciones falsas, las cuales indicaban que esas personas contaban con pensión por invalidez.
En apariencia, con dicho documento, las personas solicitaron a la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del BP el retiro del ROP, bajo la presunta justificación de pensión por invalidez, dinero que les fue entregado.
El caso se mantiene en investigación, dentro del expediente 20-024657-0042-PE.
