Redacción- En estos momento, la presidente ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel, está siendo indagada. Así confirmó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) esta tarde.
Además de a Esquivel, también se le toma la declaración indagatoria a otro de los detenidos, quien fue identificado como de apellido Quirós.
«La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) confirma que las ocho personas detenidas ya fueron identificadas y está iniciando con la toma de la declaración indagatoria de estas; actualmente está en proceso dicha diligencia con las dos primeras personas imputadas, de apellidos Esquivel y Quirós», informaron las autoridades.
La FAPTA también informó que todos los allanamientos finalizaron, a excepción del que se mantiene en ejecución en la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la CCSS.
Como parte de estos allanamientos, las autoridades detuvieron a ocho funcionarios exfuncionarios de la Junta Directiva de la Caja, entre ellos la presidenta ejecutiva.
La razón de los allanamientos se debe a aparentes sobreprecios por ₡12,400 millones en la adjudicación de 138 Ebais.
Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.
Lo anterior a pesar de que se determinó que las ofertas presentadas por las cinco entidades eran excesivas, significando un incremento anual de más de 12,400 millones de colones respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud en igualdad de condiciones técnicas, es decir, que serían más costosos de lo que invertiría la CCSS si tuviera que asumir el servicio.
Las autoridades judiciales presumen que miembros de esa JD sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos.
También se indaga sobre el plazo de contratación del servicio adjudicado, puesto que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años, sin embargo, este se confirió por 10 años.
