El enero anterior, el Poder Ejecutivo firmó un decreto que encarece los combustibles para favorecer los intereses de un grupo de industriales que, en ese momento, amenazó con llevarse sus empresas a otros países en caso de que el Gobierno no aplicara un subsidio a su favor.
La propia viceministra de Energía, Irene Cañas, redactó el decreto en un tiempo récord –como ella misma lo aseguró en una entrevista con AMPrensa.com- y lo pasó a manos del presidente Luis Guillermo Solís y el ministro de Energía, Edgar Gutiérrez, para su aprobación.
Es decir, el Gobierno cedió a las presiones de un pequeño, pero poderoso grupo que hoy vuelve a lanzar la misma amenaza a través de un comunicado de prensa emitido por la Unión Costarricense de Cámaras, Asociaciones y Empresas Privadas (Uccaep).
¿Por qué? Desde que la Sala Constitucional acogió un recurso de amparo que presentaron 40 diputados, entre ellos nueve del partido oficialista, los industriales sintieron el riesgo de que el polémico decreto sea derogado.
Según la Uccaep, el decreto permitió un subsidio que impidió un aumento del 72 por ciento en la tarifa del gas, favoreciendo así a empresas que utilizan este hidrocarburo como fuente de energía.
Como todo subsidio, el dinero que se dejó de percibir por el aumento del gas tenía que recuperarse por otro lado. En este caso, el millonario monto fue cargado a todos los costarricenses a través de un aumento de ¢9 por cada litro de gasolina y diésel.
En pocas palabras, el pueblo fue el sacrificado.
La administración Solís Rivera quedó bien con los industriales y mal con un país que, en su mayoría, pide la anulación del decreto para evitar que los millonarios se hagan aún más millonarios con el dinero de los costarricenses.
En tan solo cinco meses, los costarricenses pagaron –de su bolsillo- más de ¢12 mil millones para favorecer a 90 empresas, en su mayoría privadas, consumidoras de gas, asfalto y búnker.
Algunos están en contra de eliminar el subsidio debido a que consideran que se afectará a la clase más necesitada del país. No obstante, para evitar ese eventual golpe se debería subsidiar únicamente el gas destinado para fines domésticos y no empresariales.
Estratégicamente, y ahora con el fin de presionar a los magistrados de la Sala Constitucional, los empresarios amenazan de nuevo. ¿Será acaso que grandes empresas costarricenses ciertamente se irán del país? Es muy difícil por el alto costo económico que esto representa.
¿Solo imaginen a la Vidriera Centroamericana (Vicesa) trasladar su enorme planta de producción que actualmente tiene en Cartago a otro país?
Las 90 empresas subsidiadas por Recope no necesitan tal auxilio por parte de los costarricenses, pero el pueblo sí necesita más aporte de ellas.
Creo yo quesi este supcidio se aplicara como deve de ser vale por ejemplo el gas el cilimdro de veiticinco libras de gas que no las trae anda en unos cietemil colonos al cunsumidor final y antes sin el supcidio valia higual cual es la diferencia o adonde queda el supcidio y asi con todo
Malditos esclavistas …sus cabezas clavadas en picas y un entierro sin Sacramento para sus cuerpos es lo que merecen asquerosos traidores
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