Redacción- Este viernes, el Parlamento de Nicaragua, dominado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó una controvertida reforma constitucional que ha sido vista como un refuerzo al poder del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. La reforma, que incluye cambios significativos en la estructura del gobierno y el control de los medios de comunicación, fue aprobada en primera instancia por la Asamblea Nacional y se espera que se formalice en el primer trimestre de 2025.
Una reforma que centraliza el poder en el Ejecutivo
El paquete de reformas, enviado por Ortega al Parlamento con carácter de urgencia el 24 de octubre, propone varios cambios sustanciales, entre los que destaca la creación de los cargos de copresidente y copresidenta, en los cuales Ortega ha señalado a Murillo como su copartícipe en la dirección del país. A partir de estas modificaciones, el mandato presidencial se ampliaría de cinco a seis años y se otorgaría al Presidente, al copresidente y a los diputados de la Asamblea Nacional la posibilidad de mantener su cargo durante ese periodo ampliado.
Los copresidentes podrán, además, nombrar vicepresidentes sin que estos sean elegidos por el voto popular, lo que refuerza aún más el control del Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado. Para poder postularse a estos cargos, los candidatos deben haber residido en el país durante los seis años previos a las elecciones y no haber adquirido otra nacionalidad, lo que excluye a muchos de los principales líderes opositores, que fueron excarcelados y desterrados en 2023.
Mayor control sobre los medios de comunicación
Otro de los aspectos destacados de la reforma es el fortalecimiento del control estatal sobre los medios de comunicación. La reforma establece que “el Estado vigilará que los medios de comunicación no sean sometidos a intereses extranjeros y divulguen noticias falsas”. Desde 2020, Nicaragua cuenta con una Ley de Ciberdelitos que castiga la difusión de «noticias falsas» con penas de hasta diez años de prisión. Este tipo de medidas han sido ampliamente criticadas por organizaciones internacionales, que acusan al gobierno de Ortega de restringir la libertad de prensa y silenciar a los medios críticos.
El fortalecimiento de la estructura militar-policial
La reforma también refuerza el papel de las fuerzas armadas y la policía en el ámbito político del país. La nueva Constitución otorga a la Presidencia la facultad de “ordenar la intervención del Ejército en apoyo a la Policía Nacional, cuando la estabilidad de la República lo requiera”, y permite que oficiales de la Policía Nacional y el Ejército ocupen cargos en el Ejecutivo. Además, la reforma reconoce formalmente la existencia de la Policía Voluntaria, un cuerpo policial creado tras las protestas sociales de 2018 y compuesto principalmente por excombatientes de la revolución sandinista.
Eliminación de la separación de poderes y el concepto de un Estado revolucionario
Un cambio particularmente polémico es la eliminación de la separación de poderes, tal como se establece en el artículo 132, que ahora coloca al Presidente como la figura que dirige todos los órganos del gobierno, incluyendo los poderes legislativo, judicial y electoral. Esta modificación se ha interpretado como un intento por parte del gobierno de Ortega de consolidar aún más el control sobre todas las instituciones del Estado y eliminar cualquier contrapeso al poder ejecutivo.
Además, la reforma reconoce explícitamente al Estado como un “Estado revolucionario” y establece que el FSLN, el partido de Ortega, es un símbolo patrio del país. La reforma también consagra la bandera del FSLN como uno de los símbolos nacionales de Nicaragua, lo que subraya la relación estrecha entre el partido y el gobierno.
Reacción internacional y críticas internas
La reforma constitucional ha recibido duras críticas tanto dentro de Nicaragua como en la comunidad internacional. La oposición política, que ha sido sistemáticamente marginada por el gobierno de Ortega, ha denunciado que las reformas consolidan el poder absoluto de Ortega y Murillo, lo que les permitiría perpetuarse en el poder de manera indefinida. De igual forma, organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) han expresado su preocupación, acusando al gobierno de intentar “incrementar su control absoluto del Estado” y de “limitar las libertades democráticas”.
El gobierno de Ortega, por su parte, ha defendido las reformas, argumentando que son necesarias para asegurar la estabilidad y el bienestar del país. El presidente ha afirmado que su esposa, Rosario Murillo, tiene el mismo poder que él en el Ejecutivo, una declaración que ha sido recibida con escepticismo y críticas por parte de los sectores opositores.
Un nuevo enfoque en las relaciones internacionales
El texto de la reforma también contiene un apartado relacionado con la política exterior de Nicaragua, destacando la postura del gobierno en defensa de un nuevo orden internacional multipolar. En este contexto, el país reafirma su compromiso con la condena a las políticas de Estados Unidos y otras naciones que han impuesto sanciones contra el gobierno de Ortega, acusando a estos países de violar la soberanía de Nicaragua. La reforma subraya la importancia de la histórica sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de 1986, en la que se condenó a Estados Unidos por sus actividades militares en la región.
El presidente Ortega ha señalado que Nicaragua tiene el derecho de ejecutar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de esta sentencia, reiterando su postura de resistencia ante las presiones internacionales.
Próximos pasos y el impacto de la reforma
La reforma constitucional fue aprobada en su primera legislatura este viernes, pero, según la Constitución nicaragüense, debe ser ratificada en un segundo periodo legislativo antes de entrar en vigor. Este segundo periodo comienza en enero de 2025, lo que significa que la reforma podría entrar en pleno efecto en el primer trimestre de 2025.
Las modificaciones propuestas por el gobierno de Ortega tienen el potencial de cambiar radicalmente la estructura política del país, consolidando aún más su control sobre los poderes del Estado, los medios de comunicación y las instituciones democráticas. En este contexto, el futuro político de Nicaragua parece seguir una dirección cada vez más autoritaria, con pocas perspectivas de cambio a corto plazo. La comunidad internacional y los sectores opositores seguirán de cerca el proceso para evaluar sus implicaciones para la democracia y los derechos humanos en el país.
