El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anuncia una astronómica contribución estatal de ₡78.466.454.240,00 para los partidos políticos de cara a las Elecciones Nacionales del 1º de febrero de 2026.
Esta cifra ha generado una ola de indignación entre los costarricenses, quienes cuestionan la prioridad de tales desembolsos en tiempos de dificultades económicas.
Según la resolución del TSE n.º 434-E10-2025, emitida el 28 de enero, se ha establecido que ₡11.769.968.136,00 estarán disponibles para financiamiento anticipado.
De este monto, el 80% (₡9.415.974.508,80) se destinará a partidos de escala nacional, mientras que el 20% restante (₡2.353.993.627,20) será para partidos de escala provincial.
La noticia ha desatado un debate candente en la Asamblea Legislativa, donde algunos diputados proponen recortar la llamada “deuda política” para las elecciones de 2026, argumentando la necesidad de austeridad y una mejor gestión de los recursos públicos.
Mientras tanto, la ciudadanía expresa su descontento en redes sociales y foros públicos, cuestionando si es justificable destinar sumas tan elevadas a los partidos políticos cuando el país enfrenta desafíos económicos significativos.
El TSE ha defendido la asignación, señalando que se ajusta a lo dispuesto en la Constitución Política y el Código Electoral. Sin embargo, la polémica está lejos de disiparse, y muchos se preguntan si es momento de replantear el financiamiento estatal a las agrupaciones políticas en Costa Rica.
Con las elecciones a la vuelta de la esquina, este tema promete ser un punto focal en el debate público, reflejando la creciente demanda de transparencia y responsabilidad en el uso de los fondos públicos.
