Redacción. Costa Rica enfrenta una crisis de homicidios sin precedentes y las acciones para contenerla deben ser inmediatas y contundentes.
Así lo afirmó Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien expuso los principales desafíos y estrategias que se requieren para combatir el crimen organizado y la violencia en el país.
Un problema que debe resolverse en meses, no años
Zúñiga aseguró que en los próximos meses se deben implementar medidas concretas para reducir los homicidios, pues el fenómeno ha escalado a niveles alarmantes. Una de las principales preocupaciones es el fortalecimiento de las capacidades de los cuerpos policiales, lo que no solo implica inversión económica, sino también garantizar que las herramientas y equipos estén en funcionamiento.
“Las patrullas deben estar operativas, las herramientas policiales deben estar disponibles y funcionando en el momento en que se necesiten”, enfatizó el jerarca, al señalar que no basta con destinar recursos, sino que es clave su correcta utilización.
Control penitenciario: una pieza clave en la lucha contra el crimen
Uno de los problemas más graves que enfrenta el país, según Zúñiga, es la falta de control dentro de los centros penitenciarios. De acuerdo con el director del OIJ, recientemente se logró desarticular un grupo criminal cuyos cabecillas operaban desde prisión, dando órdenes a sicarios y coordinando actividades ilícitas.
“Son cuatro personas que estaban en esa condición y seguían manejando operaciones delictivas desde la cárcel. Si no logramos cortar esa comunicación y ejercer un control real, de nada sirve detener a criminales y enviarlos a prisión”, advirtió.
Para el jerarca, no basta con capturar y encarcelar a los líderes de estas organizaciones, sino que es fundamental establecer controles efectivos que impidan que continúen operando desde las cárceles.
Control territorial: presencia policial para frenar el crimen
Otro aspecto que el director del OIJ considera urgente es el control territorial. La presencia de las autoridades en las calles es fundamental para disuadir la delincuencia y evitar que los criminales sientan que pueden actuar con impunidad.
“En este momento, el OIJ ha tenido que asumir labores de control territorial que no le corresponden, pero estamos colaborando con los diferentes cuerpos policiales para garantizar seguridad en las zonas más conflictivas”, explicó.
Zúñiga destacó que actualmente están en marcha operativos clave como la operación Caribe 2.0, finalizada recientemente en Batán, y la operación Aegis del Atlántico, cuyo objetivo es proteger a quienes trabajan en el sistema de justicia y mejorar la efectividad en los procesos de investigación penal.
Exclusión social: el motor del crimen organizado
Para el director del OIJ, uno de los factores más preocupantes es la exclusión social, que se ha convertido en un motor de reclutamiento para el crimen organizado. Según sus datos, en algunas zonas del país, como Limón y Puntarenas, hasta un 80% de los jóvenes no terminan el colegio, lo que los empuja a empleos informales y, en muchos casos, a actividades delictivas.
“Los grupos criminales están reclutando jóvenes cada vez más jóvenes. La falta de educación y oportunidades los deja vulnerables y los convierte en presas fáciles del narcotráfico y otras actividades ilícitas”, señaló Zúñiga.
Uno de los efectos más peligrosos de este fenómeno es que muchos de estos jóvenes no tienen experiencia ni conocimiento en el uso de armas de fuego, lo que ha provocado un aumento en la cantidad de víctimas colaterales de la violencia.
Reforma legal: la prisión preventiva no es la solución definitiva
Si bien el sistema judicial ha logrado encarcelar a más de 500 personas vinculadas a organizaciones criminales en el último año, los homicidios no han disminuido. Para Zúñiga, esto demuestra que la prisión preventiva no es la solución final al problema.
“Es importante, sí, pero no es suficiente. Lo que realmente necesitamos es agilizar los procesos penales, reducir los tiempos de espera y garantizar que los juicios se realicen con mayor rapidez”, explicó.
Uno de los obstáculos es la agenda de los abogados defensores, quienes en algunos casos tienen calendarios llenos hasta por dos años, lo que retrasa significativamente la justicia y permite que la violencia continúe sin freno.
El país podría superar los 900 homicidios este año
Zúñiga advirtió que, si no se toman medidas contundentes, Costa Rica podría llegar a superar las 900 muertes violentas en 2025, una cifra alarmante que pone en jaque la seguridad nacional.
“No queremos llegar a los 1000 homicidios, pero si no se actúa con fuerza, seguiremos viendo cómo el crimen organizado avanza. Necesitamos acciones concretas y no solo discursos vacíos”, manifestó.
El jerarca del OIJ también lamentó que, en medio de una precampaña electoral, algunos actores políticos podrían intentar aprovechar la crisis para su beneficio, en lugar de unirse en una estrategia común para devolverle la seguridad al país.
“Lo que Costa Rica necesita en este momento es unión y cohesión social. Todos queremos vivir en paz, sin el miedo de que una bala perdida pueda acabar con la vida de un inocente en su propia casa”, concluyó.
Un país hermoso en riesgo
Zúñiga hizo un llamado urgente a la sociedad para reconocer la magnitud del problema y trabajar en soluciones integrales que aborden no solo la seguridad policial, sino también la educación, la justicia y las oportunidades para los jóvenes en riesgo.
“Costa Rica es un país hermoso y debemos luchar por mantenerlo así. No podemos permitir que la violencia lo destruya”, finalizó.
