Costa Rica atraviesa un complicado momento en materia económica que afecta a todos por igual, incluidas familias en pobreza extrema, pobreza y clase media en general. Es más, hasta el gobierno reconoció, el martes por la noche, enfrentar “dificultades de liquidez para pagar sus obligaciones y garantizar la operación de servicios esenciales”.
La falta de dinero parece no excluir a nadie, mientras vemos como se encarece la vida en un país, de por sí, ya caro.
El lunes anterior, la administración de Luis Guillermo Solís anunció el programa Plan de Tarifas Eléctricas Solidarias para ayudar a las familias 27.300 familias identificadas en pobreza extrema y pobreza. Sin embargo, en su momento, no se dijo con claridad que ese subsidio sería cargado a la también golpeada clase media.
Cuando la noticia trascendió, de inmediato, el repudio a la medida tomada por el Gobierno se manifestó por todas partes a pesar de que el recargo será leve, de aproximadamente un 0,01 por ciento según la viceministra de Energía, Irene Cañas.
Para muchos costarricenses, el país no está en una posición económica de regarle nada a nadie. Incluso, repetimos una vez más, la frase del discurso del mandatario Solís: no hay liquidez para pagar las obligaciones y garantizar la operación de servicios esenciales.
El complicado momento que atraviesa Costa Rica se debe, en gran parte, a la falta de fuentes de empleo. Más de 207.000 personas, en su mayoría hombres, no tienen trabajo y, por ende, un ingreso fijo para sus familias.
La propia Contraloría General de la República, en uno de sus estudios, determinó que el desempleo es uno de los principales problemas que aqueja a los ticos.
Es aquí donde lanzamos la siguiente pregunta: ¿Y si en lugar de más regalos y subsidios cargados a los costarricenses en los servicios básicos le buscamos trabajo a esas 207.000 personas? Posiblemente, de esa forma muchas familias mejorarán su economía.
Además, eliminaríamos la alcahuetería a muchas familias, que si bien viven en pobreza, tienen una antena de televisión satelital en el techo de sus casas, irrumpen propiedades ajenas, hacen tomas ilegales de agua y de un solo medidor se ´cuelgan´ hasta seis familias más.
Sin duda alguna, no solo las familias se verían beneficiadas con más fuentes de empleo. El propio Gobierno recibiría más plata por concepto de impuestos y mejoraría la competitividad del país.
La falta actual de empleo se debe a lo caro que es invertir en Costa Rica. Si bien somos un país tranquilo, de baja criminalidad con respeto a otros países y la educación es alta, hay factores que ahuyentan a los inversionistas. La burocracia, los altos impuestos y las cargas sociales son enemigos de las empresas que se fijan en nosotros.
Si bien Costa Rica es un país solidario sería muy importante que el Gobierno revelara cuántas familias en pobreza extrema y pobreza que se verán beneficiadas con el subsidio eléctrico, que mencionamos al principio, son costarricenses y no por un tema de xenofobia, sino de transparencia debido a que todos sabemos cómo los extranjeros ilegales golpean nuestra economía.
También, por transparencia, es importante conocer cuántas de esas 27.300 familias que componen el Programa Puente para el Desarrollo están desempleadas.
Creemos en la solidaridad, pero también en la justicia e igual.
Totalmente de acuerdo con este editorial, la solución para ayudar a un pobre, es darle trabajo. El trabajo es sinónimo de responsabilidad, prosperidad y hace que las personas se concentren más en producir y menos en delinquir.
También estoy de acuerdo, soy Nicaragüense y en parte por nuestros paisanos camina la economíade este país y también muchos viven del estado cosa que a veces se gastan ese dinero en ropas de marca y tenis de marca y hartando en restaurantes y eso me parece alcahuetería cuandoen realidad hay muchos quede verdad necesitan de una mano para salir adelante
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